Mas no descarta responsabilidad legal de Pacheco por producción inflada en Codelco

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas (IND), no descartó que el expresidente de Codelco Máximo Pacheco pueda tener responsabilidades legales en las irregularidades detectadas en los registros de producción de la compañía estatal, según lo informado por El Dínamo. La declaración deja abierta una arista que el Ejecutivo no cierra, pese a que el caso ya acumula cifras que golpean directamente las arcas fiscales.

Fue el pasado jueves cuando el actual presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, cifró en 42.100 toneladas la producción que fue inflada artificialmente entre 2024 y 2025. El impacto preliminar se estima en US$ 120 millones y US$ 140 millones, un rango que por sí solo dimensiona la magnitud del desfalco contable y la lentitud con que las autoridades reaccionaron.

La respuesta del biministro Mas no despeja ninguna de las dudas centrales: no aclara si el gobierno patrocinará acciones legales, no precisa plazos y tampoco explica por qué las irregularidades se mantuvieron ocultas durante todo el período en que la producción fue inflada. La fórmula de “no descartar” responsabilidades legales suena más a cálculo político que a una decisión firme frente a un daño que ya se mide en millones de dólares.

El caso tampoco es neutro para la Región de Aysén. Codelco es una empresa estatal cuyos excedentes financian al conjunto del país, y cada dólar que se pierde por registros adulterados es un dólar que no llega a regiones como la nuestra, donde las necesidades en infraestructura, salud y conectividad siguen postergadas. Quienes desde el territorio exigen respuestas concretas no pueden conformarse con declaraciones ambiguas desde Santiago.

La cifra de Fontaine —42.100 toneladas infladas artificialmente— debiera traducirse en nombres, procesos y sanciones. Hasta ahora, lo único concreto es el rango de pérdidas: entre US$ 120 millones y US$ 140 millones. Todo lo demás, incluida la eventual responsabilidad legal de Pacheco, queda en el terreno de lo que el gobierno “no descarta”, una manera elegante de no comprometerse con nada.

El estándar es elocuente: mientras las autoridades nacionales esquivan definiciones sobre Codelco, en Aysén seguimos esperando que las mismas autoridades expliquen cómo se fiscaliza la gestión de las empresas públicas y quién responde cuando los registros se manipulan. La opacidad no es un accidente: es una decisión que tiene costos para las regiones.