ANEF afina movilización escalonada contra el Gobierno: noviembre será el mes clave

La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) ratificó un plan de movilización escalonada contra el Gobierno y fijó noviembre como el mes decisivo, según lo informado por El Mostrador. Su presidente, José Pérez Debelli, sostiene que el gremio no cerró la vía del diálogo, pero advierte que «parte del diálogo también va a un pie de la movilización». La estrategia combina negociación institucional y presión en las calles, una doble vía que el Ejecutivo no puede ignorar mientras se discute el erario 2027.

El primer frente es la negociación salarial: la Mesa del Sector Público pide un reajuste de 6,3% nominal, que según el dirigente equivale a cerca de un 2% real, considerando un IPC acumulado en torno al 4% en doce meses. Pérez Debelli enmarca la demanda en un escenario de desempleo que «está al borde de un 10%», y califica la propuesta como «muy precisa, muy concreta y también muy aterrizada». El Gobierno, en tanto, no ha entregado señales claras sobre este punto.

El principal foco de tensión es el Presupuesto 2027. La ANEF cuestiona la reducción o eliminación de programas de prevención del delito y de acompañamiento a mujeres del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, iniciativas que, según el dirigente, permiten que mujeres que crían solas puedan trabajar. «Todos esos programas de acompañamiento para que puedan trabajar tranquilas, tener un ingreso para su familia, se eliminan», afirma. El Ejecutivo exhibe un crecimiento real del gasto de 1,5%, pero el gremio contrasta esa cifra con los programas que se suprimen: «Los datos son los que señalan, uno los coteja con los programas que hoy día se están disminuyendo o eliminando. Eso es concreto».

La educación también aparece en la mira. Pérez Debelli menciona el caso de Junaeb, institución con 62 años de historia y 34 programas para estudiantes, entre ellos becas, tecnologías de la información, apoyo psicosocial, salud oral y habilidades para la vida. Además, advierte que en los jardines infantiles estatales más de mil personas podrían perder su trabajo, principalmente mujeres, de acuerdo con el presupuesto en discusión. «No es menor cuando se habla de un porcentaje, porque tiene impacto en seres humanos», subraya.

El tercer frente son las contratas. El 70% de los trabajadores de la administración central tiene contratos temporales, con vigencia entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, y el 30 de noviembre aparece como fecha sensible porque durante este mes deberían conocerse las renovaciones para 2027. «Tenemos la claridad y certeza de quiénes son notificados de no renovación para el próximo año 2027», señala el dirigente, quien exige que todo término anticipado o no renovación esté debidamente fundamentado y pide evitar «listas negras o ciertos porcentajes de funcionarios que tengan menos de cinco años que se vayan a la cesantía».

La movilización ya tuvo una primera expresión el 5 de noviembre, cuando la ANEF participó junto al movimiento estudiantil en las manifestaciones contra los recortes a la educación pública. Pérez Debelli denuncia que funcionarios fueron mojados y gaseados: «Nos reprimieron, nos mojaron, nos gasearon de manera innecesaria acompañando el movimiento estudiantil». El gremio articula además con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la Central Unitaria de Trabajadores, y seguirá concurriendo al Congreso para intervenir en la discusión presupuestaria.

Con la negociación del reajuste, la discusión parlamentaria del Presupuesto 2027 y las decisiones sobre contratos como ejes simultáneos, la ANEF define que esos tres frentes determinarán si el conflicto permanece en la mesa o escala hacia nuevas jornadas de movilización. La organización mantendrá el diálogo, pero con un plan de movilización escalonada sobre la mesa, una advertencia directa a un Gobierno que, según los hechos descritos, no ha dado respuestas concretas ni al empleo público ni a los programas sociales que dice defender.