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Política

Demanda de $200 millones contra el Estado: la rebaja de condena de Rabat que reabre la impunidad de un torturador

Dos víctimas de la Base Aérea El Bosque exigen $100 millones cada una por el daño moral que, según la demanda, provocó el propio Estado al reducir la pena de Manuel Cabezas Pérez.

Víctor Reyes3 min de lectura
Demanda de $200 millones contra el Estado: la rebaja de condena de Rabat que reabre la impunidad de un torturador

Una demanda presentada en el Tercer Juzgado Civil de Santiago contra el Estado exige una indemnización total de $200 millones de pesos para dos víctimas de un torturador que fue liberado anticipadamente, beneficiado por las rebajas de condenas implementadas por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, según informó radio Biobío y recogió El Mostrador. Se trata de Patricio Rivera y Ramón Pavez, víctimas de Manuel Cabezas Pérez, ex suboficial de la Fuerza Aérea de Chile, que los torturó en 1973 en la Base Aérea El Bosque, tras el derrocamiento del gobierno constitucional del Presidente Salvador Allende.

La demanda apunta al daño que, según sostiene, provocó el propio Estado al reducir la pena de su victimario en democracia, sin considerar suficientemente sus derechos ni informarles de la decisión. Rabat le concedió una rebaja de ocho meses por buen comportamiento. El condenado además apareció públicamente celebrando el beneficio, agradeciendo que su salida se concretara durante el Gobierno de José Antonio Kast y negando haber sido un torturador, pese a que la justicia había acreditado su responsabilidad penal.

El caso expone una contradicción que las autoridades no han explicado: el mismo Estado que en 2021 fue condenado a pagar una indemnización de $40 millones a cada una de las víctimas por el daño moral provocado por las torturas, ahora es demandado por $100 millones por cada una por haber reducido la pena del responsable. La justicia había dejado firme la sentencia el 10 de noviembre de 2021, cuando la Corte Suprema confirmó la condena de cinco años y un día de presidio contra Cabezas Pérez, calificada en 2018 por la Corte de Apelaciones de Santiago como torturas con resultado de lesiones graves, constitutivas de crímenes de lesa humanidad.

Patricio Rivera trabajaba en la empresa Madeco y participaba en el Cordón San Miguel. La noche del 19 de septiembre fue detenido en su casa por personal de Carabineros. Primero sufrió un simulacro de fusilamiento. Después fue trasladado a la Base Aérea El Bosque, donde funcionaba un recinto de detención e interrogatorios de la Fuerza Aérea. Allí fue sometido a descargas eléctricas en los genitales y la lengua, además de nuevos simulacros de fusilamiento. Sus captores también marcaron en su espalda el símbolo de la Unidad Popular con un yatagán, según los hechos que posteriormente fueron establecidos por la justicia. Después de diez días fue llevado al Estadio Nacional, donde volvió a sufrir torturas. Finalmente, fue condenado por un Consejo de Guerra y expulsado de Chile.

Un mes después, el 18 de octubre de 1973, Ramón Pavez también fue detenido. Lo arrestaron en el Paseo Ahumada, en el centro de Santiago. Tras pasar por dependencias del Ministerio de Defensa, donde fue golpeado e interrogado, terminó en la misma Base Aérea El Bosque. Allí fue desnudado y sometido a descargas eléctricas durante los interrogatorios. Las torturas lo dejaron inconsciente. Su recorrido continuó por otros recintos de detención, entre ellos el Estadio Nacional y la Penitenciaría. Recuperó su libertad en septiembre de 1974 y posteriormente se fue a Francia, donde reside desde entonces.

Manuel del Carmen Cabezas Pérez había integrado el Departamento II de Inteligencia de la Base Aérea El Bosque. Según los antecedentes judiciales, una de sus funciones era trasladar a los detenidos hasta las dependencias donde eran interrogados. En diciembre de 2017, el ministro en visita Mario Carroza lo condenó junto a otros agentes por los tormentos cometidos contra Rivera y Pavez. La causa continuó en los tribunales hasta la ratificación de la Suprema.

La demanda civil contra el Estado por la rebaja de condena deja en evidencia que la discusión sobre los beneficios penitenciarios a torturadores condenados por crímenes de lesa humanidad no es un debate abstracto: tiene víctimas concretas, con nombres y montos, que hoy exigen responsabilidad al propio aparato estatal, de acuerdo con lo informado por El Mostrador.

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Víctor Reyes
Redacción · 8 de noviembre de 2026 · 07:35

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