Nueva denuncia por prevaricación apunta a la Corte Suprema por rebajas de condena a condenados por delitos sexuales contra menores

Una nueva denuncia por las rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad llegó a la Fiscalía Nacional, según lo informado por Radio Universidad de Chile. Esta vez, la acción apunta a ministros de la Corte Suprema y de cortes de apelaciones que respaldaron el criterio jurídico utilizado para conceder estos beneficios a condenados antes de 2022.

La presentación fue realizada por los abogados Raimundo Palamara, de la Fundación Fuerza Ciudadana, y Maximiliano Murath, del Partido Nacional Libertario. Ambos solicitan investigar si los magistrados que participaron en esos fallos pudieron incurrir en prevaricación. La acción se suma a la denuncia presentada anteriormente por parlamentarios de oposición contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y el exsubsecretario Luis Silva, por la aplicación de este criterio, investigación que quedó a cargo de la Fiscalía Regional Centro Norte.

En este nuevo requerimiento, los abogados ponen el foco en la jurisprudencia de los tribunales superiores, que en cerca de 300 fallos sostuvo que no correspondía excluir de las rebajas de condena a personas sentenciadas antes de 2022, debido al principio de irretroactividad de la ley penal. Palamara sostuvo que, si se investiga a autoridades del Ejecutivo por aplicar ese criterio, también corresponde examinar la actuación de los jueces que lo respaldaron en sus sentencias. Murath, por su parte, atribuyó a esa doctrina judicial la posibilidad de que se concretaran las rebajas de condena.

La denuncia incluye más de 10 resoluciones de la Corte Suprema y de cortes de apelaciones. Entre los magistrados mencionados aparecen los ministros Leopoldo Llanos y Jorge Zepeda, quienes integraron mayorías favorables a la reducción de condenas en cinco fallos dictados el 14 de abril de 2026.

Los abogados solicitan que el Ministerio Público determine si las decisiones se adoptaron dentro de una interpretación jurídica defendible o si alguno de los magistrados dejó de aplicar conscientemente una prohibición legal vigente. La presentación precisa que la individualización de los jueces no constituye una afirmación de culpabilidad.

El caso expone una contradicción que las autoridades no han despejado: mientras parlamentarios de oposición ya denunciaron al ministro de Justicia y al exsubsecretario por aplicar el criterio, la nueva acción apunta ahora a los jueces que lo respaldaron en sus sentencias. Con cerca de 300 fallos involucrados y más de 10 resoluciones incorporadas en la denuncia, la pregunta de fondo sigue sin respuesta oficial: quién responde por las rebajas de condena a sentenciados por delitos sexuales contra menores de edad.