Poduje acusa la burocracia ambiental de frenar proyectos clave, pero no ofrece soluciones concretas

El ministro Iván Poduje, titular de Vivienda y Urbanismo, cuestionó la complejidad del sistema ambiental chileno, alegando que proyectos estratégicos como el Puerto Exterior de San Antonio se vieron retrasados por la intervención de grupos ambientalistas. Según PortalPortuario, durante su participación en el ciclo ‘Conoce a tu ministro’, Poduje destacó que ‘dos posas de agua que parecen urinarios’ detuvieron el avance del proyecto, vinculándolo a la controversia en el humedal Ojos de Mar. Sin embargo, su crítica no se acompaña de propuestas claras para abordar las demoras que, según datos del texto, se extendieron seis años en la evaluación ambiental del puerto, incluyendo tres adendas y procesos de participación ciudadana.

El ministro también atacó la financiación de organizaciones ambientales sin fines de lucro, expresando dudas sobre posibles vínculos con ‘entidades radicales y competidores’, sin precisar cómo se relacionan estas ONG con el retraso del proyecto. Esta postura contrasta con la postura del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien en 2023 calificó la ‘permisología’ como algo que ‘está matando al país’, sin ofrecer alternativas concretas para acelerar trámites.

La evaluación ambiental del Puerto Exterior de San Antonio, iniciada en 2020, fue afectada por múltiples trabas: en 2024, el Ministerio de Medio Ambiente declaró Ojos de Mar como humedal urbano, pero en 2026 un tribunal ordenó retrotraer el proceso tras reclamaciones vecinas, exigiendo una nueva ficha técnica. A pesar de estos contratiempos, el 26 de mayo de 2026 se aprobó la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto, tres años después de la decisión municipal de proteger el área como humedal urbano.

Poduje destacó la colaboración con la ministra Francisca Toledo para elevar los umbrales del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEAI), pero no especificó plazos ni mecanismos para reducir los trámites innecesarios. Mientras tanto, el subsecretario de Transportes, Martín Mackenna, anunció que la reducción de la permisología será un eje central del gobierno, sin detallar cómo se equilibrará con la protección ambiental.

La crítica a la burocracia ambiental resuena en un contexto donde el Puerto Exterior de San Antonio, uno de los proyectos más ambiciosos del país, enfrentó retrasos que impactaron su viabilidad económica. La falta de transparencia en la financiación de las ONG y la ausencia de una hoja de ruta clara para acelerar inversiones generan dudas sobre la efectividad de las promesas gubernamentales. Como señaló el presidente de la Cámara Marítima y Portuaria de Chile, Daniel Fernández, en 2024, los recursos de algunas organizaciones no gubernamentales han sido utilizados para paralizar proyectos, un argumento que Poduje replicó sin contrastar con evidencia concreta.

En resumen, mientras el gobierno apunta a simplificar trámites para impulsar infraestructura, la falta de diálogo con actores locales y la ambigüedad sobre los mecanismos de financiamiento de grupos de presión generan incertidumbre. La aprobación final del proyecto, casi tres años después de las primeras trabas, refleja un proceso que, según críticos, podría haberse agilizado con una planificación más estratégica.