El INDH ataca al gobierno por su intento de blindar a la policía con la Ley Naín-Retamal 2.0

El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Yerko Ljubetic, respondió al ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, tras estas últimas realizaciones críticas al informe del organismo sobre el proyecto conocido como Ley Naín-Retamal 2.0. El proyecto busca extender la legítima defensa privilegiada a funcionarios policiales y militares que se encuentren de franco, una medida que ha generado polémica en un contexto de crecientes tensiones sobre los límites de la impunidad institucional.

Ljubetic, en su defensa del informe, desafió la postura del ministro Arrau, quien había cuestionado la validez del análisis presentado por el INDH. La discrepancia entre ambas partes revela una fractura dentro del gabinete: por un lado, el Ministerio de Seguridad Pública, que defiende una reforma que podría ampliar las condiciones favorables para la acción policial; por otro, un ente independiente que advierte sobre las implicaciones en los derechos humanos.

La Ley Naín-Retamal 2.0, según el informe del INDH, no solo extiende la legítima defensa, sino que también establece mecanismos que podrían dificultar la investigación y persecución de abusos de poder en situaciones de conflicto. Este tipo de reforma, argumenta el instituto, contradice los principios de igualdad ante la ley y la responsabilidad penal objetiva.

Las críticas de Arrau no se limitaron al contenido técnico del informe, sino que también tocaron la credibilidad del INDH, un ataque que ha sido interpretado por analistas como una forma de presionar a un organismo autónomo que emite hallazgos desfavorables para el gobierno. Según se mencionó en El Desconcierto, este tipo de enfrentamientos internos refleja una tendencia de minimizar la fiscalidad de los abusos institucionales.

Mientras tanto, legisladores y organizaciones de derechos humanos han pedido una discusión pública más abierta sobre las consecuencias de la reforma. La falta de consenso y la polarización en torno al tema generan preocupación en una región como Aysén, donde la presencia de fuerzas del orden y la historia de conflictos sociales hacen más sensible el debate.

El caso evidencia una dinámica de doble estándar: por un lado, se defiende la necesidad de proteger a los agentes del Estado; por otro, se minimiza la importancia de garantizar justicia para quienes sufren abusos. Esta tensión, tan solo visible en el contexto de la Ley Naín-Retamal 2.0, podría tener implicaciones más amplias en la gobernanza del país.