Velásquez denuncia abandono gubernamental en Calama tras informe de Contraloría

El senador por la Región de Antofagasta, Esteban Velásquez (FRVS), criticó duramente a las autoridades ambientales tras el informe de la Contraloría General de la República, que expuso deficiencias graves en el control de la zona saturada de Calama. Velásquez destacó que, tras 17 años desde la declaración de la ciudad como zona saturada, aún no existe un Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA) vigente, un retraso que, según el parlamentario, no puede justificarse por la gestión de la autoridad ambiental, sino que refleja una falta de voluntad política por parte de los gobiernos. “Han sido, prácticamente, 17 años en que la comuna de Calama no ha tenido el Plan de Descontaminación Atmosférica que la ley en su momento consignó”, afirmó, señalando que el gobierno debe asumir responsabilidades concretas para cumplir con lo establecido en la normativa. La Contraloría también reveló que la faena minera circundante a Calama opera con emisiones no reguladas, generando nubes tóxicas permanentes y riesgos para la salud de los ciudadanos, situación que Velásquez calificó de “gravísima” y atribuyó a la omisión de múltiples gobiernos. El senador exigió intervención política inmediata del ministro del Interior, Claudio Alvarado, para que la autoridad ministerial del Medio Ambiente actúe con la diligencia necesaria, ya que, según Velásquez, “el gobierno tiene esa responsabilidad de cumplir con aquello que, efectivamente, dos o tres gobiernos pasados no hicieron”. Además, criticó la ausencia de mecanismos de revisión efectivos para controlar la operación de la faena Chuquicamata, lo que, según el informe, permite prácticas como tronaduras y detonaciones en condiciones no permitidas por el clima, agravando la crisis ambiental. Velásquez concluyó destacando que el caso de Calama es emblemático de un abandono institucional que afecta directamente a quienes viven en la región, y que exige una respuesta urgente y transparente por parte del gobierno, algo que hasta ahora no ha ocurrido. Según se mencionó en El Diario de Antofagasta, el caso de Calama evidencia una doble estándar en la aplicación de la normativa ambiental, donde la falta de acciones concretas contrasta con las promesas públicas de sostenibilidad.