El Estado chileno incumple obligaciones internacionales al cerrar el programa Mujeres Rurales

Organizaciones campesinas y sindicales chilenas presentaron un informe complementario ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de Naciones Unidas, denunciando el cierre del programa Mujeres Rurales, una iniciativa que llevaba 34 años en marcha y que fue impulsada desde el convenio INDAP-PRODEMU. La acción fue llevada a cabo por la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Anamuri) y el Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Fundación PRODEMU, quienes consideran que el cierre del programa constituye un retroceso en los derechos de las trabajadoras agrícolas. Según se mencionó en Radio Universidad de Chile, la presidenta de Anamuri, Isabel Armijo Huala, explicó que esta decisión se tomó tras agotar todas las vías de diálogo a nivel nacional, incluyendo reuniones con el ministro de Agricultura y conversaciones con la subsecretaria del Ministerio de la Mujer. La presentación ante el organismo internacional apela a las obligaciones normativas suscritas por Chile en 1989, recordando que durante la evaluación realizada al país en 2024, el comité de la CEDAW instruyó explícitamente —en sus párrafos 41 y 42— sobre la necesidad de desarrollar políticas en apoyo a las mujeres rurales, campesinas e indígenas. Las organizaciones acusan que la eliminación del programa constituye un incumplimiento directo de las recomendaciones emitidas por la convención, lo que refleja una postura del Estado que prioriza decisiones unilaterales sobre el cumplimiento de compromisos internacionales. El reclamo del mundo campesino logró aglutinar un transversal apoyo institucional y político, con la adhesión formal de figuras como la expresidenta Michelle Bachelet, el presidente del INDH Yerko Colodro, y diversas senadoras, quienes respaldaron la exigencia de revertir el cierre del programa. Frente a la postura gubernamental, Anamuri y las trabajadoras de PRODEMU, articuladas en la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, anunciaron que mantendrán el estado de movilización, reafirmando que este escenario no solo representa un retroceso interno para el Estado chileno, sino que se inscribe en una ofensiva internacional contra los avances logrados por la igualdad de género.