Barros se abstiene del cable chino, pero Contraloría cuestiona su doble estándar

El ministro de Defensa, Fernando Barros, se ha abstenido de conocer todos los asuntos relacionados con personas o empresas a las que asesoró o dirigió en los dos años previos a su nombramiento, según informó Defensa a Contraloría. Esta decisión incluye casos como el cable submarino Chile-China, cuya tramitación podría estar vinculada a su antiguo estudio jurídico, donde China Mobile International Chile SpA utilizó como domicilio legal la dirección del estudio fundado por el hoy ministro. Contraloría señaló en un dictamen del 15 de septiembre que Barros cumple con el “estándar legal de la prevención de conflictos de intereses”, aunque recordó que los ministros deben inhibirse incluso ante conflictos solo potenciales. La ley obliga a apartarse cuando se han prestado servicios profesionales a un interesado en los últimos dos años, pero el dictamen no especifica si el cable submarino está efectivamente paralizado o si se está tramitando en la oscuridad. La noticia, que se publicó en Ex-Ante, surge en un contexto político cargado: en enero, bajo el gobierno de Boric, el Ministerio de Transportes firmó un decreto para el tendido del cable, luego revertido, y la controversia terminó con sanciones de EE.UU. a autoridades de esa administración, incluida la pérdida de visa del exministro Juan Carlos Muñoz. Con el retorno de Kast a La Moneda, el embajador estadounidense Brandon Judd manifestó en marzo que el cable estaba acabado, sin que hasta ahora se haya presentado una alternativa técnica o financiera clara para el proyecto. La falta de transparencia en la tramitación del cable submarino, sumada a la ambigüedad sobre cómo se aplican las normas de conflicto de intereses, revela una gestión pública que prioriza la retórica sobre la acción concreta. Mientras el gobierno señala cumplimiento legal, la ciudadanía enfrenta una infraestructura vital para la conectividad internacional que parece estar en stand by por dudas institucionales.