UDI rechaza reforma que debilita protección a víctimas de fraudes bancarios

Los diputados gremialistas de la UDI, Marco Antonio Sulantay y Natalia Romero, anunciaron su decisión de votar en contra de la reforma al mercado de capitales que modifica la Ley N° 20.009, específicamente al rebajar el estándar de responsabilidad de “culpa grave” a “culpa leve” en casos de fraudes bancarios. Esta propuesta, parte de las 30 medidas del MK4, ha generado polémica por su impacto en la protección de los usuarios del sistema financiero. Los parlamentarios UDI cuestionan que, bajo el argumento de “proteger al sistema bancario”, se esté, en realidad, desprotegiendo a quienes más necesitan que las instituciones respondan por delitos cometidos. “No vamos a aprobar una norma que termine debilitando la protección de quienes se encuentran en una situación de mayor vulneración”, afirmaron, destacando que los bancos cuentan con herramientas tecnológicas para detectar operaciones sospechosas y deben utilizarlas para prevenir fraudes, no traspasarles la responsabilidad a los clientes. La crítica surge en un contexto donde las pérdidas por fraudes en tarjetas han alcanzado cifras elevadas: el BancoEstado estima que en los últimos cinco años se han registrado hasta US$400 millones en pérdidas, equivalente a financiar 200.000 subsidios con garantías especiales (Fogaes) para la vivienda. Mientras tanto, la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero, Catherine Tornel, respaldó la reforma, señalando que los fraudes en Chile son tres veces mayores que antes de 2020 y 6,5 veces los registrados en la Unión Europea, lo que justifica una revisión normativa. Sin embargo, la postura de la UDI resalta una contradicción: mientras el gobierno propone un marco que reduce la responsabilidad de los bancos, las autoridades financieras coinciden en que los fraudes siguen siendo un problema crítico que exige una respuesta más estricta. Según se mencionó en The Clinic, esta tensión entre protección al sistema y a los usuarios refleja una omisión en el diseño de la reforma, que prioriza herramientas tecnológicas sobre la responsabilidad institucional.