Negligencia estatal crónica: Gobierno reconoce colapso en salud mental mientras recorta presupuesto para 2027

La Unidad de Salud Mental del Hospital de Puerto Montt opera en un escenario de colapso: 11 psiquiatras, 8 psicólogos y 6 terapeutas ocupacionales deben atender entre 50 y 60 pacientes hospitalizados, pero la unidad de cuidados intensivos solo dispone de una veintena de camas. Esta realidad llevó a Fenpruss a presentar un recurso de protección, forzando a la ministra de Salud, May Chomalí, a reconocer que la sobreexigencia afecta a todas las unidades de salud mental de todos los hospitales del país.

Sin embargo, el reconocimiento de la autoridad contrasta con las decisiones del Ejecutivo. Valeria Altamirano, vicepresidenta nacional de Fenpruss, cuestionó la falta de coherencia entre el diagnóstico del Gobierno y sus acciones: rechazan los recortes presupuestarios porque reducir los recursos en una red ya sobreexigida solo profundiza las dificultades. Las restricciones para contratar más personal, cubrir reemplazos o mantener prestaciones efectivas impactan directamente en la capacidad y oportunidad de la atención.

La dirigenta advirtió que la insuficiencia de condiciones genera una sobrecarga que compromete la capacidad de respuesta de los equipos y pone en riesgo la salud de los trabajadores, además de amenazar la sostenibilidad de los servicios. A pesar de esto, el Gobierno insiste en una mirada netamente fiscal, ignorando las advertencias que Fenpruss ya había plasmado en un informe de 2024 donde daban cuenta de brechas de dotación, infraestructura y precariedad contractual.

El doctor Álvaro Aravena, psiquiatra y presidente del Consejo Regional Aconcagua del Colegio Médico, subrayó que esta negligencia es de larga data. Chile mantiene desde hace al menos 30 años un presupuesto para salud mental cercano al 2% del gasto total en salud, mientras los propios planes nacionales del MINSAL y la OMS plantean la necesidad de avanzar hacia un 5%. La falta de voluntad política transversal ha mantenido esta brecha crónica.

Aravena enfatizó que el aumento de recursos debe priorizar la salud mental infanto-adolescente, fortalecer la atención primaria y aumentar la inversión en la red de especialidad, pero hoy el Gobierno y el Congreso pierden una oportunidad concreta. La discusión del Presupuesto 2027 y la tramitación de la Ley de Salud Mental Integral quedan en entredicho ante la amenaza de que las restricciones actuales se consoliden como base presupuestaria, según se mencionó en Radio Universidad de Chile.

Fenpruss y el Colegio Médico llaman a presentar una propuesta real que garantice una atención digna y oportuna, con recursos identificables y participación activa de la población, tal como se informó a través de Radio y Diario Universidad de Chile. Exigen que el Presupuesto 2027 no sea un mero ejercicio contable, sino una respuesta verificable que revierta tres décadas de abandono en la salud mental del país.