Mientras el Estado exige ajuste: $671 millones se fueron en sueldos a funcionarios suspendidos por hasta cuatro años

Un verdadero desfalco a la confianza ciudadana y a las arcas públicas es el que destapó la Contraloría General de la República (CGR). De acuerdo con lo informado por Radio Universidad de Chile, 485 funcionarios de la Administración Central permanecieron suspendidos preventivamente entre 2020 y marzo de 2026, pero siguiendo en la planilla de pago. Solo en los 10 casos más graves, el Estado desembolsó $671 millones en remuneraciones para empleados que no estaban trabajando.

La negligencia de las autoridades es inexcusable. Del total, 30 funcionarios acumularon más de tres años colgados de sus funciones: 13 superaron los cuatro años y otros 17 estuvieron entre tres y cuatro años suspendidos. El récord lo tiene un funcionario de Mejor Niñez, con cuatro años y siete meses de suspensión, seguido por el SLEP Santiago Centro (cuatro años y seis meses) y el SLEP Atacama (cuatro años y dos meses). ¿Quién controlaba esto?

Pero la burla al erario no termina ahí. Mientras el Estado les seguía pagando el sueldo, 22 de estos suspendidos desarrollaron otras actividades remuneradas, según el SII. Peor aún, dos funcionarios con medida cautelar de prisión preventiva siguieron cobrando, y decenas de ellos aprovecharon para viajar al extranjero o asistir a casinos de juego. Doble estándar: se exige austeridad al pueblo, pero se premia la ineficiencia y la posible corrupción con cheques mensuales.

La omisión de las autoridades a cargo de los sumarios es otra muestra del desorden. El informe reveló que 20 sumarios quedaron a la deriva porque los fiscales a cargo ya no trabajaban en los servicios, y en un caso, el propio fiscal que decretó la suspensión estaba suspendido. Una burla total a la administración pública.

Ante este panorama bochornoso, la CGR debió tomar cartas en el asunto y asumir directamente la tramitación de los 30 sumarios que superan los tres años, arrebatándoselos a los servicios que los descuidaron. Además, emitió el Instructivo N°29, recordando que la etapa investigativa no debiera superar los 60 días hábiles y que la suspensión debe levantarse si no hay riesgo para la investigación.

El mensaje de la Contraloría es claro: prolongar estas medidas es arbitrario, afecta la eficiencia y genera responsabilidades. Sin embargo, queda la sensación de que estas medidas llegan tarde. El daño económico y moral está hecho, y la ciudadanía se pregunta si realmente habrá sanciones para quienes permitieron que el Estado siguiera pagando sueldos durante años a funcionarios que, en varios casos, ni siquiera estaban cumpliendo con las condiciones básicas de su suspensión.