Diputados recurren a Contraloría por el ELEAM: fiscalización tardía y sin propuestas para los 62 adultos mayores abandonados en Coyhaique

Los diputados Alejandra Valdebenito (UDI) y René Alinco (Ind.) llegaron a la Contraloría General de la República con un arsenal de denuncias sobre el Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM) de Coyhaique. Según se mencionó en El Divisadero, el recinto alberga a 62 personas mayores que estarían expuestas a condiciones de atención cuestionables, falta de servicios básicos y, según los propios parlamentarios, posibles delitos sexuales al interior del establecimiento. La pregunta que queda en el aire es: ¿dónde estaban estas autoridades cuando la situación se venía gestando desde 2025?

Valdebenito, diputada de la UDI —partido de gobierno—, reconoció que este es “un problema que se arrastra desde el año 2025”, pero no explicó por qué recién ahora, desde su rol oficialista, decide “poner las cartas sobre la mesa”. Su discurso de que “el queque va a resultar igual de malo” suena más a justificación que a propuesta concreta. ¿Qué medidas inmediatas están tomando más allá de recurrir a la Contraloría? ¿Por qué no se activaron los mecanismos de fiscalización parlamentaria antes?

El diputado Alinco fue más lejos y denunció “delitos gravísimos de índole sexual” contra usuarios e incluso funcionarios, además de la presencia de una persona con antecedentes por “hechos de sangre” dentro del recinto. “No puede ser eso”, dijo el parlamentario, sin embargo, no detalló qué acciones legales concretas están impulsando más allá de la denuncia en Contraloría. Tampoco explicó por qué, habiendo realizado la visita hace 15 días, recién ahora se hace público el caso.

Ambos diputados señalaron que la persona acusada de delitos sexuales fue “encerrada en una oficina” y luego sacada del establecimiento, sugiriendo que hubo un encubrimiento o al menos una maniobra para ocultar la situación antes de su visita. “Yo tengo certeza firme de que los sacaron”, afirmó Alinco, responsabilizando directamente a la directora del SENAMA y a la Seremi de Desarrollo Social. Pero más allá de señalar culpables, no hay un plan concreto para resguardar a los 62 adultos mayores que siguen en el lugar.

La falta de personal es otro punto crítico que los propios parlamentarios reconocen. “Falta personal, falta preocupación del Servicio de Salud o del sistema de salud regional. El personal que tiene que prestar servicio no está completo”, afirmó Alinco. Sin embargo, no se menciona cuántos funcionarios faltan, cuál es el presupuesto asignado ni qué gestión están haciendo para que se complete la dotación. La denuncia queda en el aire sin números ni plazos.

Valdebenito invitó al gobierno a “ser parte de la solución definitiva” y reconoció que “esto es un problema que se hereda de la administración anterior”, pero no detalla qué está haciendo el Ejecutivo actual para encauzar la situación. La diputada oficialista parece olvidar que su coalición lleva meses en el poder y que la inacción también es una forma de administrar el problema.

Los parlamentarios anunciaron que pedirán una audiencia con la ministra de Desarrollo Social y Familia después del 18 de septiembre. Mientras tanto, los 62 adultos mayores del ELEAM de Coyhaique siguen esperando respuestas concretas, no más promesas ni declaraciones que, aunque suenan contundentes, no se traducen en soluciones inmediatas para quienes viven en un lugar que, según los propios diputados, se ha convertido en un espacio de vulneración de derechos.