Minsal y exministro Santelices intentan tapar el sol con un dedo: Contraloría revela esperas de 73 horas en urgencias y la respuesta es culpar al registro

Un informe de la Contraloría que abarca de enero de 2024 a mayo de 2025 evidenció que un 27,7% de los pacientes en hospitales públicos de la Región Metropolitana —incluidos quienes estaban en riesgo vital— fueron atendidos fuera de tiempo, con esperas de hasta 73 horas. Ante este panorama desolador, la ministra de Salud, May Chomalí, salió a minimizar los resultados afirmando que “parece bastante difícil de creer” que alguien en riesgo vital pase más de 70 horas sin atención, insinuando que el problema es solo un error de registro administrativo.

La explicación de la autoridad de gobierno es, cuando menos, contradictoria. Si el paciente es atendido primero y registrado después, ¿cómo es posible que el sistema de salud no tenga mecanismos básicos para registrar la hora real de atención? En lugar de asumir la crisis, el subsecretario Julio Montt solo se limitó a instruir una revisión de los casos extremos para ver si es “un tema de registro”, eludiendo la responsabilidad política de un sistema que, según los propios datos, está colapsado.

Coincidiendo con la actual administración, el exministro Emilio Santelices —hoy director médico de la Clínica Las Condes— tildó de “imposible” la espera de 73 horas, sugiriendo que la Contraloría habría registrado “tasas de fallecimiento” y no tiempos de espera. Esta reacción revela una doble estándar: desde la oposición privada se busca desacreditar el informe para no reconocer el fracaso de las políticas públicas, mientras se lucra con la salud.

Más allá de las justificaciones, ambos reconocen que sí hay un problema de tiempos de atención, pero sus propuestas son vagas. Chomalí habla de “revisar coberturas” y sacar a los “pacientes socio sanitarios” para recuperar camas, sin explicar cómo lo hará ni cuánto costará. Santelices, por su parte, apunta a mejorar la atención primaria —argumentando que el 50% de los ingresos a urgencias son por descompensaciones no resueltas ahí—, pero omite que esto requiere inversión real y no solo discursos.

En el debate sobre gestión versus presupuesto, el exministro apuntó a problemas “suficientemente acreditados” como el ausentismo laboral y la baja cantidad de cirugías en el sector público, para luego aterrizar su crítica en los recursos. Santelices propuso canalizar fondos a los hospitales con mejores resultados, apelando a una ley de fortalecimiento de Fonasa que, según él, está “durmiendo en el Congreso”. Aquí la omisión de los parlamentarios —incluidos los de regiones como Aysén— es inexcusable: tienen las herramientas legislativas para que Fonasa exija eficiencia y no sea una “caja pagadora”, pero prefieren dejar la ley dormir mientras la gente espera 73 horas en urgencias, de acuerdo con lo informado por Radio Universidad de Chile.