Kast insiste en estado de excepción sin apoyo ni siquiera en su propia derecha

El presidente José Antonio Kast volvió a insistir esta mañana en la necesidad de un nuevo estado de excepción de seguridad pública que le permita decretar intervenciones acotadas en barrios sin intervención del Congreso, con una duración de 120 días prorrogables únicamente con su venia. En entrevista con Radio Agricultura, el mandatario defendió la polémica inclusión de la interceptación telefónica de residentes, una idea que ya generó rechazo incluso en las filas de la derecha chilena, según se mencionó en The Clinic.

La propuesta, presentada como parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), contempla ocho modificaciones constitucionales. La más resistida es precisamente la creación de este nuevo estado de excepción, que afectaría el derecho de traslado y el libre tránsito de los habitantes, además de permitir la interceptación de comunicaciones por parte del Estado. La medida fue calificada de “totalitaria” por el Partido Nacional Libertario, la colectividad con representación parlamentaria más a la derecha del espectro político.

Pese al rechazo transversal, Kast argumentó que su Gobierno necesita “recuperar la seguridad para Chile” y que, aunque no cuentan con mayoría parlamentaria, insistirán en generar debate enviando proyectos de ley al Congreso. “Uno puede tener una intención, la plasma en un proyecto de ley, que puede ser totalmente discutible, y puede salir de una manera distinta a la que entró”, sostuvo el mandatario, quien hace semanas había señalado que el estado de excepción impulsado “no es renunciable”, aunque se abrió a cambios.

La defensa de la interceptación de telecomunicaciones fue uno de los puntos más cuestionados. Kast justificó la medida señalando que las bandas de narcotráfico tienen “una red de vigilancia en telecomunicaciones, en cámaras, muy sofisticada” que les permite detectar la presencia policial con anticipación. “Nosotros podemos cortarles las señales a estas bandas, podemos generar un toque de queda o una prohibición de ingreso a un sector hasta que controlemos la situación”, afirmó.

Sin embargo, senadores de su propia coalición ya dieron por descartada la iniciativa. Andrés Longton (RN) y Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, planean dejar fuera del proyecto la interceptación de comunicaciones en el marco de los acercamientos que han tenido con el Ejecutivo. El propio Kast reconoció que “el Parlamento tiene una mirada distinta”, aunque aseguró que el debate legislativo seguirá su curso.

El mandatario intentó diferenciar esta propuesta de los estados de emergencia vigentes en la frontera norte y la macrozona sur, argumentando que se requiere aplicarlo en “zonas más pequeñas, más individualizadas” contra el narcotráfico y el crimen organizado. No logró explicar, sin embargo, cómo una medida que permitiría interceptar comunicaciones de todos los residentes de un perímetro puede considerarse “acotada” ni por qué insiste en una reforma constitucional que ni siquiera su propio sector está dispuesto a tramitar.