Fiscalía pide desafuero de senador Calisto por fraude al Fisco de $105 millones

La Corte de Apelaciones de Puerto Montt escuchó este lunes los alegatos del Ministerio Público y de la defensa del senador y exdiputado Miguel Ángel Calisto, en el marco de una nueva solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía. La petición busca que el tribunal autorice el procesamiento del parlamentario por delitos reiterados de fraude al Fisco, luego de que la Fiscalía Local de Coyhaique cerrara la investigación y formalizara una segunda acusación en su contra.

El director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, expuso ante el tribunal de alzada los antecedentes reunidos durante la indagatoria. Según el Ministerio Público, entre 2018 y 2022 Calisto se concertó con los imputados Roland Cárcamo y Carla Graf para recibir dineros del Congreso por falsas asesorías pagadas como asignaciones parlamentarias. El monto total defraudado asciende a $105 millones.

Campos detalló que Carla Graf, pareja de Cárcamo y educadora diferencial que era desconocida por la secretaria de Calisto en el Congreso, fue contratada por montos que fluctuaron entre $1,1 y $3,1 millones. Los pagos se realizaron incluso durante los cerca de dos años que Graf estuvo con licencia por embarazo y posnatal. El informe de la Policía de Investigaciones (PDI) citado por el fiscal señala que “todos los dineros recibidos por Carla Graf fueron transferidos al diputado Calisto y a personas cercanas al partido Demócrata Cristiano”.

La Fiscalía sostiene que fue el propio Calisto quien propuso a Graf como asesora parlamentaria pese a saber que su formación era como educadora diferencial, que existieron ocho contratos prácticamente idénticos entre 2018 y 2022, que los informes para pagar los honorarios nunca existieron y que dichos documentos se utilizaron para defraudar al Fisco. “Son delitos reiterados que afectaron el correcto desempeño de la función pública porque precisamente este funcionario público malogró los principios de objetividad, integridad e imparcialidad en el ejercicio de la función pública con este perjuicio millonario”, afirmó Campos, quien calificó la situación como “una bofetada a la democracia”.

Cabe recordar que los persecutores ya habían conseguido desaforar a Calisto cuando ejercía como diputado, pero tras la reapertura de la investigación y el nuevo cierre, decidieron volver a ingresar la petición ante la posibilidad de que, al ser electo senador, el parlamentario hubiera adquirido un nuevo fuero.

Desde la defensa, el abogado José Pablo Gómez insistió en que Carla Graf sí prestó asesorías al legislador y que “cumplía efectivamente un rol de asesora política en línea directa con el hoy honorable senador”. El penalista señaló además que la indagatoria se originó a partir de documentos obtenidos irregularmente desde el correo electrónico del congresista, hecho que, según sostuvo, nunca fue cuestionado por el Ministerio Público.

Gómez informó que la defensa presentó un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Coyhaique que podría revertir eventualmente el cierre de la causa, argumentando que no han tenido acceso a todos los antecedentes recopilados. “Vía amparo solicitamos un plazo extraordinario para poder revisar los antecedentes, porque si Carla Graf no hizo los informes que ella dice que hizo, y los hizo su marido, tengo el legítimo derecho de desconfiar de la información aportada por este imputado”, recalcó el abogado, quien pidió al tribunal no dar lugar a la solicitud de desafuero.

Foto: Miguel Ángel Calisto Águila — Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, CC BY-SA 3.0 CL (Wikimedia Commons).