“Sin rumbo ni acuerdos”: Walker fustiga la reforma constitucional del Gobierno y exige priorizar leyes con consenso

La estrategia del Gobierno por imponer su reforma constitucional de seguridad pública sigue sumando aguas turbulentas. El senador Matías Walker (Demócratas) no solo tomó distancia de la fórmula de sus pares Longton y Squella para ‘podar’ el proyecto, sino que fue tajante en cuestionar la falta de dirección de La Moneda: una reforma que, a su juicio, nadie entiende cuál es su propósito, quién la redactó y que no ha generado ningún tipo de acuerdo.

El intento de los senadores Longton (RN) y Squella (REP) por rescatar la iniciativa recortando cinco de los ocho componentes originales —manteniendo solo el crimen organizado, el régimen penitenciario diferenciado y el Estado de Excepción— no convence a Walker. La contradicción es evidente: reducir el texto no soluciona el fondo del problema, que es la insistencia en llevar al rango constitucional materias que, como la segregación carcelaria para el crimen organizado, son estrictamente materia de ley.

Mientras el Gobierno insiste en un camino constitucional sin consenso, el costo alternativo para la ciudadanía es altísimo. Walker recordó que esta semana se avanzó en proyectos de ley que llevaban años estancados en comisiones mixtas, como los incentivos al ingreso y permanencia de Carabineros y el aumento del plazo de flagrancia. A esto se suma el próximo despacho de la ley de responsabilidad penal adolescente. Avances reales que demuestran dónde debería estar la prioridad legislativa.

La doble estándar de las autoridades queda en evidencia: se gasta tiempo parlamentario en una reforma incomprensible mientras se posterga la discusión de proyectos eficaces y con consenso. Walker recordó que hace dos años, junto a Luciano Cruz-Coke y Ximena Rincón, presentaron una propuesta para abordar la segregación carcelaria mediante ley, una muestra de que las soluciones existen si hay voluntad de legislar en lugar de forzar reformas rechazadas.

La postura de Walker agrega una dificultad adicional a la estrategia de La Moneda. El problema de la reforma no es su extensión, sino la decisión política de imponer una modificación constitucional para abordar la seguridad, ignorando que las mayorías y los acuerdos se encuentran en la legislación ordinaria. Cada minuto que se destina a discutir esta reforma sin acuerdo es un minuto robado a las soluciones concretas que el país necesita.

Con información de: El Mostrador (Chile).