Operativos de PDI en Aysén: Nueve prófugos detenidos y 164 personas fiscalizadas en Coyhaique y Puerto Aysén
La Policía de Investigaciones desplegó controles migratorios y capturas por delitos de connotación social, dejando siete denuncias ante el Servicio Nacional de Migraciones por incumplimientos legales.

La tranquilidad en los barrios de Coyhaique y Puerto Aysén volvió a estar en la mira tras los operativos de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) desarrollados esta semana. Según se mencionó en El Divisadero, las diligencias dejaron nueve personas detenidas y 164 fiscalizados, evidenciando la tensión entre la persecución de delitos y la regularización de ciudadanos en el territorio.
Las nueve capturas responden a órdenes de detención vigentes por ilícitos que afectan directamente la vida cotidiana de las familias: microtráfico de sustancias ilícitas, infracción a la Ley de Armas, abuso sexual, lesiones y vulneraciones a la normativa de tenencia responsable de mascotas. La presencia de personas prófugas por estos delitos representa una amenaza constante para la seguridad de los vecinos, donde el microtráfico y la violencia golpean el bolsillo y la integridad de la comunidad.
La jefa de la Región Policial de Aysén, prefecta inspectora Katherin Rivillo Molina, justificó el despliegue afirmando que “mantenemos un compromiso permanente e irrestricto con la tranquilidad y seguridad de nuestra comunidad”. En esa línea, destacó que los procedimientos buscan sacar de circulación a quienes quebrantan la ley, respondiendo a un trabajo de análisis criminal e inteligencia policial constante.
En paralelo a las detenciones, los controles migratorios en Coyhaique y Puerto Aysén arrojaron 164 fiscalizaciones. Tras la revisión de antecedentes y documentación, siete ciudadanos fueron denunciados ante el Servicio Nacional de Migraciones por incumplimientos a las disposiciones legales de residencia y tránsito. Si bien el control es necesario para ordenar el territorio, la situación de estas personas denunciadas deja en evidencia las falencias en los procesos de regularización y el impacto que la irregularidad tiene en el acceso a derechos básicos y servicios en la región.
Aunque la prefecta Rivillo Molina aseguró que “continuaremos reforzando nuestra presencia operativa en toda la región”, queda en el aire la pregunta sobre la sostenibilidad de estos operativos reactivos. La institución señaló que las acciones se desarrollarán de manera periódica, pero no se detallan medidas de fondo que atiendan las causas estructurales de la delincuencia ni se aclara si los canales de migración regular serán facilitados para evitar que más ciudadanos caigan en la irregularidad y la vulnerabilidad en la Patagonia.
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