Más de 100 solicitudes de indulto penden sobre la justicia: la mayoría apunta a crímenes de la dictadura

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat (IND), reveló este domingo que existen más de 100 solicitudes de indulto presidencial presentadas por condenados. La cifra, dada a conocer en el programa Mesa Central de Canal 13, abre un debate urgente sobre qué vidas y qué crímenes considera el Estado chileno merecedores de un perdón, y qué significa esto para las víctimas y sus familias en regiones como Aysén, donde la dictadura dejó una huella profunda de violaciones a los derechos humanos.

De acuerdo con lo señalado por el propio ministro, la mayoría de esas solicitudes corresponden a condenados por “hechos ocurridos en 1973”, es decir, crímenes de lesa humanidad cometidos durante el golpe de Estado. Para las comunidades de la Región de Aysén —donde el terrorismo de Estado operó con desapariciones, torturas y exilio—, la posibilidad de que estos condonados accedan a un indulto no es una cuestión abstracta: es una herida abierta que afecta la memoria territorial y el derecho a la verdad.

Rabat fue categórico al contrastar la magnitud de ambos grupos: mientras las solicitudes por crímenes de la dictadura superan el centenar, los casos provenientes de condenados por delitos cometidos durante el estallido social “son pocos”. Esta diferencia numérica revela una asimetría que merece ser interrogada desde el territorio: ¿por qué el sistema de justicia acumula más de un centenar de solicitudes de indulto para responsables de lesa humanidad y apenas unas cuantas para personas condenadas en el contexto de la revuelta social de 2019?

Para las familias de víctimas de la dictadura en Aysén y en todo Chile, el indulto no representa un acto de clemencia sino una forma de impunidad. La revelación del ministro Rabat pone sobre la mesa una deuda histórica del Estado chileno con las víctimas del terrorismo de Estado, cuyos casos siguen pendientes de justicia real, no simbólica. En una región donde el acceso a la justicia ya es limitado por la distancia geográfica y la falta de recursos, la posibilidad de indultos masivos agrava la sensación de abandono.

El anuncio también plantea una pregunta concreta para la ciudadanía de Aysén: ¿cuál es la política del Gobierno respecto de los indultos? Hasta ahora, el ministro solo ha entregado cifras, pero no ha señalado criterios, plazos ni garantías para las víctimas. La opacidad en el manejo de estas solicitudes genera incertidumbre y desconfianza, especialmente en un territorio donde el Estado históricamente ha llegado tarde —o no ha llegado— con respuestas.

Lo que falta es claridad. No se conocen los nombres de los solicitantes, los delitos específicos por los que fueron condenados, ni el estado procesal de cada caso. Tampoco existe información sobre si el Gobierno tiene previsto otorgar estos indultos o bajo qué condiciones. Para las organizaciones de derechos humanos y las comunidades de Aysén, la deuda no es solo con el pasado de 1973, sino con el presente: mientras no haya verdad plena y justicia efectiva, el territorio seguirá cargando con una herida que ningún indulto puede cerrar.

Con información de: El Dínamo (Chile).