KAST PROMETIÓ NO LIBERAR ABUSADORES DE NIÑOS, PERO SU GOBIERNO LES REBAJÓ LAS CONDENAS!

Kast prometió proteger a la infancia, pero su Gobierno rebajó condenas a abusadores sexuales. Mientras las víctimas quedan expuestas, el ministro Rabat sigue respaldado por el Presidente. ¿Será el próximo corcho político en saltar ante la indignación ciudadana?

56 condenados por delitos sexuales contra menores recibieron rebajas de penas. Una investigación de Radio Bío Bío identificó a 33 de ellos que hoy están libres, algunos con informes de Gendarmería que advierten alto riesgo de reincidencia, falta de arrepentimiento y ausencia de empatía con sus víctimas.

Lo más grave es que sus víctimas ni siquiera fueron notificadas. Niñas, niños y familias quedaron expuestos a la incertidumbre de saber que sus agresores recuperaron anticipadamente la libertad.

En diciembre de 2025, el entonces candidato José Antonio Kast prometió: «Jamás indultaría a algún abusador de niños. Jamás». Hoy, aunque jurídicamente no se trata de indultos, sino de rebajas administrativas de condenas, la contradicción política y moral resulta evidente.

Su ministro de Justicia, Fernando Rabat, firmó decretos y defendió sus decisiones invocando jurisprudencia de la Corte Suprema, pese a que existen fallos que respaldan la negativa a otorgar estos beneficios.

Y mientras Kast reconoce que el Estado les falló a las víctimas, mantiene y respalda al ministro responsable de esas decisiones.

En política, los ministros pueden transformarse en verdaderos «corchos políticos»: cuando la indignación ciudadana aumenta y la presión se vuelve insostenible, terminan saltando como los corchos de una botella de champaña.

Rabat puede ser el próximo corcho político del Gobierno. Pero su eventual salida no devolverá a prisión automáticamente a quienes ya recuperaron la libertad.

Aquí no bastan las disculpas, las explicaciones jurídicas ni los respaldos presidenciales. Se necesitan responsabilidades políticas, revisión legal efectiva de los decretos y medidas concretas para proteger a las víctimas.

Porque un Gobierno que prometió proteger a la infancia no puede terminar protegiendo políticamente a quienes facilitaron la salida anticipada de sus agresores.