JUNAEB: INVESTIGACIÓN POR PRESUNTAS COIMAS LLEGA AL CONGRESO Y PONE BAJO LA LUPA A CALISTO, GAHONA Y GUTIÉRREZ

Una investigación que comenzó siguiendo posibles irregularidades en millonarias licitaciones del Programa de Alimentación Escolar de JUNAEB acaba de dar un salto político de enormes proporciones.

Este jueves, la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente y la Brigada Anticorrupción de la PDI realizaron allanamientos e incautaciones de teléfonos, computadores y otros dispositivos electrónicos en distintos puntos del país, incluyendo diligencias relacionadas con dependencias del Congreso Nacional.

Entre las figuras políticas alcanzadas por las diligencias aparecen el senador Sergio Gahona (UDI), el senador Miguel Ángel CALISTO (independiente), el exdiputado Hugo Gutiérrez (PC) y el lobbista Darío Calderón.

La investigación tiene como uno de sus focos los contratos de SOSER S.A. con JUNAEB y busca determinar si detrás de determinadas licitaciones y decisiones administrativas pudo existir un mecanismo destinado a entregar información reservada, intervenir procesos, presionar la salida de fiscalizadores o favorecer intereses privados a cambio de eventuales beneficios económicos o laborales.

Los delitos que la Fiscalía busca esclarecer incluyen cohecho, soborno, tráfico de influencias, revelación de secretos y lavado de activos, además de otras figuras penales investigadas en la causa.

Pero en Aysén existe un antecedente que no puede pasar inadvertido.

Antes de convertirse en parlamentario, Miguel Ángel CALISTO fue director regional de JUNAEB en la Región de Aysén entre octubre de 2016 y junio de 2017.

Posteriormente fue elegido diputado y hoy ocupa un escaño en el Senado.

Ese antecedente, por supuesto, no constituye por sí mismo prueba de delito ni permite vincular su antigua gestión regional con los hechos que actualmente investiga la Fiscalía.

Pero políticamente resulta relevante porque estamos frente a un parlamentario que conoce JUNAEB desde dentro y que posteriormente, ya como diputado, participó además en instancias parlamentarias relacionadas con la fiscalización del organismo y de su Programa de Alimentación Escolar.

Y existe una paradoja todavía mayor: Miguel Ángel Calisto y Sergio Gahona integraron una Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados destinada precisamente a revisar actuaciones de JUNAEB y JUNJI relacionadas con la ejecución del Programa de Alimentación Escolar.

Hoy sus nombres aparecen dentro de una investigación que intenta determinar si alrededor de ese mismo sistema existió una red capaz de influir en decisiones administrativas, licitaciones y fiscalizaciones.
Eso no significa que sean culpables.

En un Estado de Derecho corresponde mantener íntegramente la presunción de inocencia, y serán la Fiscalía y posteriormente los tribunales quienes deberán determinar si existieron delitos y quiénes tuvieron participación en ellos.

Pero cuando una investigación por posibles coimas y tráfico de influencias llega hasta oficinas del Congreso, ya no estamos frente a una simple controversia administrativa.

Estamos frente a una pregunta que Chile tiene derecho a exigir que se responda hasta el final:
¿quiénes intervinieron realmente en las decisiones de JUNAEB, para beneficiar a quiénes y a cambio de qué?