¡Petróleo y corrupción! Destapan seis modalidades de fraude y 70 casos penales en la estatal YPFB de Bolivia

El viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica e Integridad Pública, Yamil García, presentó en Santa Cruz el primer informe sobre la situación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). El documento identificó al menos seis modalidades de irregularidades en la distribución y comercialización de combustibles, principalmente durante la gestión pasada, y contabilizó más de 70 casos que serán objeto de procesamiento penal.

Entre los hallazgos de la Comisión Interministerial e Interinstitucional figuran más de 30 despachos efectuados antes de la emisión de la factura, cuando el procedimiento establece que primero debe realizarse el pago y la facturación para luego generar la orden de despacho. También se detectaron clientes directos que recibieron cupos superiores al 199% del límite permitido y más de 40 casos en los que retiros programados para varios días fueron concentrados en una sola jornada.

El informe incluye, además, retiros por encima de los parámetros habituales, favorecimientos discrecionales y presuntos desvíos de combustible. García señaló que una de las principales debilidades fue la falta de sistemas de control trazables, ya que las conciliaciones de despachos se realizaban mediante tablas de Excel y el sistema permitía modificaciones posteriores y retroactivas por parte de distintos usuarios.

La autoridad cuestionó duramente que durante los últimos cinco años se hayan destinado más de Bs 400 millones a infraestructura tecnológica sin contar con un mecanismo integral para realizar un seguimiento seguro de toda la cadena de distribución. “No se ha generado un sistema digital trazable que pueda acabar con la corrupción en este caso”, sentenció.

Según el viceministro, ya fueron identificadas estaciones de servicio presuntamente favorecidas y funcionarios que habrían posibilitado el desvío de carburantes. Los hechos se presentaron con mayor frecuencia durante la gestión 2024, por lo que las investigaciones también alcanzarán a quienes hubieran generado las condiciones para estas irregularidades.

Entre los delitos que podrían ser investigados mencionó cohecho pasivo, uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles, concusión y almacenaje, comercialización y compra ilegal de combustibles. Como medida estructural, la Comisión de Intervención Estatal Extraordinaria trabaja con YPFB, el Ministerio de Hidrocarburos y otras entidades, incluida la AGETIC, en un sistema digital que permita la trazabilidad en tiempo real.

La propuesta contempla también un portal público de transparencia para que la población pueda consultar cuánto combustible ingresa, a quién se despacha y cuáles son las capacidades y movimientos registrados. Este proyecto será uno de los primeros temas de la agenda que autoridades nacionales y municipales tratarán desde el próximo lunes.

Con información de: La Razón (Bolivia).