Gobierno responde con dureza a Bachelet y Boric y los acusa de “atacar” desde la política exterior

El Gobierno chileno salió al cruce de la declaración conjunta de los expresidentes Gabriel Boric y Michelle Bachelet, quienes expresaron su preocupación por la incorporación de Chile al Escudo de las Américas y emplazaron al Ejecutivo a reconsiderar su participación en esa instancia de coordinación internacional. La respuesta no llegó por la vía diplomática, sino a través del subsecretario del Interior, Máximo Pavez, quien eligió un tono confrontativo para descalificar el cuestionamiento. Según se mencionó en El Dínamo, la autoridad inició su descargo con una frase que revela la postura oficial: “Respetamos las opiniones legítimas”. Sin embargo, esa cortesía inicial se truncó de inmediato al cargar contra los expresidentes. “No nos parece que los presidentes usen la política exterior de Chile para poder representar o atacar al Gobierno”, continuó Pavez, en una declaración que convierte la crítica legítima de exmandatarios en un acto de confrontación política. El argumento central del Gobierno se sostuvo en que la materia en debate —la persecución del crimen organizado— es “muy importante para todos los chilenos”, lo que implica que cualquier cuestionamiento externo a esa política resulta inaceptable. Esta lógica cierra el espacio al debate abierto y coloca al Ejecutivo como único árbitro de lo que conviene al país en materia de seguridad. La crítica de Boric y Bachelet, que buscaba una reconsideración estratégica de la participación chilena en el Escudo de las Américas, fue tratada no como una contribución al debate público, sino como un intento de desestabilización. La forma en que el Gobierno enmarca la respuesta revela una postura que privilegia la defensa institucional sobre la escucha activa, incluso cuando proviene de exmandatarios que conocen la complejidad de la política exterior chilena. La actitud oficial deja en evidencia que, más que buscar consensos, el Ejecutivo prefiere deslegitimar las voces disidentes bajo la premisa de que la política exterior no debe servir para “atacar” al Gobierno, aunque las preocupaciones expresadas tengan como eje central el interés nacional.