Fuego en la impunidad: hogar de adultos mayores operaba sin autorización mientras el Gobierno ahora promete reubicar

El incendio en la residencia de adultos mayores “El Edén” en Pitrufquén no es solo una tragedia, es el resultado de una negligencia estatal que permitió que un recinto funcionara en la clandestinidad. Dieciséis personas fallecieron, quince de ellas adultos mayores, y otras diez sobrevivieron a un siniestro que destapó una realidad insostenible: el hogar operaba sin autorización para funcionar. ¿Dónde estaba la fiscalización del Estado mientras se vulneraba la seguridad de los más desprotegidos?

Tras la emergencia, el Gobierno ha desplegado una retórica de urgencia que contrasta con su inacción previa. La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, aseguró que la prioridad es asegurar la continuidad de los cuidados y reubicar a los sobrevivientes en Establecimientos de Larga Estadía debidamente autorizados. Sin embargo, su declaración evidencia una contradicción brutal: el Estado ahora se preocupa de que los recintos tengan autorización, justo cuando ya hubo 16 muertos por no haberlo verificado a tiempo.

De los diez sobrevivientes, seis permanecen en un albergue y cuatro volvieron con sus familias, mientras el Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) trabaja en su reubicación. Pero, ¿por qué el equipo regional del Senama, la Delegación Presidencial Regional y la Seremi de Desarrollo Social de La Araucanía solo se desplegaron después del desastre? La coordinación parece ser una reacción tardía ante la opinión pública, no una política de protección real.

La justicia también muestra signos de lentitud. Carabineros interrogó en calidad de imputada a la persona que sería responsable del recinto, pero hasta ahora no se ha comunicado una decisión procesal en su contra. La falta de autorización del establecimiento se suma a los antecedentes de la investigación, pero la demora en las acciones concretas deja en evidencia que las responsabilidades penales podrían quedar en la impunidad.

Para intentar controlar los daños políticos, el subsecretario de Servicios Sociales, Alejandro Fernández, viajará a Pitrufquén para conocer la situación y coordinar acciones. Un viaje que suena más a un gesto para aplacar la indignación, que a una solución estructural. No hay anuncios sobre cómo se evitará que otros hogares sigan operando al margen de la ley, ni quiénes responderán por la omisión de controles que permitió esta tragedia.

La tragedia de Pitrufquén deja al descubierto un doble estándar: se actúa cuando las cámaras y los cuerpos de los adultos mayores ya están en la morgue, pero se esconde la responsabilidad de un Estado que no fiscaliza. Mientras los sobrevivientes intentan reconstruir sus vidas rotas, las autoridades se limitan a prometer reubicaciones y a viajar para “coordinar”, eludiendo responder por qué permitieron que “El Edén” funcionara sin las más mínimas condiciones legales y de seguridad.

Con información de: El Mostrador (Chile).