ESCUDO DE LAS AMÉRICAS: QUÉ SE FIRMÓ, QUÉ SE ADHIRIÓ Y QUÉ SIGUE EN DISCUSIÓN

La controversia sobre la incorporación de Chile al Escudo de las Américas requiere separar documentos y fechas. Los antecedentes disponibles muestran que sí existe una declaración de seguridad firmada por una autoridad chilena en marzo, mientras que respecto de la adhesión anunciada el 22 de septiembre el Gobierno sostiene que no existió una firma material de un tratado, sino la adhesión de Chile a una declaración política y a un mecanismo de coordinación. Esa diferencia es hoy el centro de la discusión política y jurídica.
7 de marzo: nace públicamente el Escudo de las Américas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabezó en Miami la cumbre del Shield of the Americas. Los registros oficiales estadounidenses confirman la presencia del entonces presidente electo José Antonio Kast y muestran una ceremonia de firma de la denominada Doral Charter of Liberty. El Gobierno estadounidense presentó la iniciativa como una estructura hemisférica vinculada a seguridad, lucha contra los carteles y cooperación regional.
12 de marzo: aparece una firma chilena, pero en otro documento. Un día después de asumir como ministro de Defensa, Fernando Barros suscribió la Declaración Conjunta de Seguridad de la Conferencia de las Américas contra los Cárteles.

El documento lleva su firma y la del representante estadounidense Joseph Humire. Allí se manifiesta la intención de ampliar la cooperación bilateral y multilateral en seguridad, narcotráfico, fronteras e infraestructura crítica y se plantea trabajar en coalición frente a amenazas comunes.

21 de agosto: el embajador Brandon Judd hace pública esa firma. Fue el representante de Estados Unidos en Chile quien difundió el documento de marzo y destacó públicamente la participación de Barros.
A partir de entonces se abrió la discusión sobre qué alcance tenía aquella declaración y cuál era su relación con la futura participación chilena en el Escudo.
El Congreso ya había llevado el asunto a fiscalización: el 26 de agosto se enviaron oficios a Defensa y Cancillería solicitando información sobre la «suscripción, alcance e implementación» de la declaración del 12 de marzo. En las fichas parlamentarias consultadas todavía no aparecen respuestas registradas a esos oficios.

14 de septiembre: Kast afirma que Chile continúa como observador. Apenas ocho días antes de la adhesión, el Presidente señaló públicamente: «nosotros seguimos en calidad de observadores». Añadió que cualquier fórmula propuesta por Estados Unidos debía ser analizada según la institucionalidad chilena.

22 de septiembre: Chile cambia de condición. Cancillería anunció oficialmente que «Chile ha decidido adherir» al Escudo de las Américas y lo describió como un «marco de coordinación voluntaria entre gobiernos americanos». El comunicado chileno destacó intercambio de información, análisis de datos, capacitación para Carabineros y PDI y coordinación fronteriza.

Ese mismo día, el Presidente Kast y el canciller Francisco Pérez Mackenna participaron en Nueva York en la reunión de la iniciativa.

Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Relaciones Exteriores
Ese mismo 22 de septiembre, Washington publica un documento más amplio. El Departamento de Estado difundió la Joint Statement on Defending Hemispheric Sovereignty y señaló expresamente que el texto había sido publicado por los gobiernos de Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile y otros once países.

La declaración habla de tres pilares: económico, seguridad y coordinación multilateral, y formula la «intención» conjunta de emprender distintas acciones de acuerdo con las obligaciones jurídicas nacionales e internacionales de cada Estado.

Kast sostiene que aquello no constituye un tratado.

Tras anunciarse la adhesión, el Presidente explicó que no implicaba cesión de soberanía ni autorización automática para operaciones militares extranjeras y afirmó que no se trataba de un tratado internacional.

28 de septiembre: el canciller introduce una precisión decisiva. Durante su interpelación en la Cámara, Francisco Pérez Mackenna declaró: «En este caso no hubo firma» y sostuvo que se trata de una declaración política no vinculante, destacando que el texto utiliza expresiones de «intención».

La controversia pasa ahora al plano jurídico e institucional. Parlamentarios de oposición recurrieron a la Contraloría solicitando que se examine la legalidad de la incorporación y argumentando que algunos contenidos deberían haber sido conocidos por el Congreso. Esa es una tesis de los recurrentes y todavía no equivale a una resolución de Contraloría.

¿Cómo queda entonces el tema de la firma?
Con los documentos conocidos hasta hoy, no corresponde afirmar que la firma de Fernando Barros del 12 de marzo sea la firma del documento del Escudo de las Américas del 22 de septiembre.

Son instrumentos distintos, aunque pertenecen al mismo proceso de cooperación hemisférica en seguridad.
Pero tampoco puede decirse que Chile permaneció simplemente al margen: Cancillería declaró oficialmente la adhesión de Chile, el Presidente y el canciller participaron en la reunión de Nueva York y el Departamento de Estado identifica expresamente a Chile como uno de los gobiernos que emitieron la declaración conjunta del 22 de septiembre.

Por eso, la cuestión pendiente es más precisa que determinar si hubo «papel y lápiz»: qué acto concreto expresó internacionalmente el consentimiento político de Chile, quién lo autorizó, qué efectos produce esa adhesión y cuáles de las acciones anunciadas requerirán posteriormente decisiones administrativas, legales o aprobación del Congreso.

El Ejecutivo sostiene que es una declaración política voluntaria y no vinculante; sus críticos han solicitado que Contraloría revise esa interpretación. Esa controversia permanece abierta al 28 de septiembre de 2026.