Entre contradicciones y alertas de soberanía: el Gobierno intenta justificar la adhesión de Chile al “Escudo” de Trump

El gobierno de José Antonio Kast concretó la incorporación de Chile al “Escudo de las Américas”, la alianza hemisférica impulsada por Donald Trump que ya reúne a 15 países. Según se mencionó en The Clinic, la decisión se selló en Nueva York tras un comité político a inicios de septiembre en La Moneda, marcando un giro en la política exterior que prioriza la seguridad y la cooperación frente al crimen organizado, pero que ha desatado una profunda polémica por sus alcances.

Desde Palacio intentaron revertir la crítica con un argumento cuestionable: “La pregunta la invertimos: ¿Por qué no haber adherido”, alegando que la mayoría de los gobiernos de derecha de la región ya eran parte. La omisión de Brasil y Uruguay, los únicos de izquierda que no suscribieron, revela un alineamiento ideológico que dejó a Chile como “observador” desde marzo, gestiones que se adelantaron con la venia de la Cancillería de Francisco Pérez Mackenna, pese a las graves implicancias.

Las dudas sobre la soberanía se acrecentaron tras las declaraciones del secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, quien llamó a los países de la alianza a realizar operaciones militares conjuntas, aumentar el presupuesto de Defensa y retirarse de la Corte Penal Internacional. Una advertencia que el senador Iván Flores resumió con dureza: “La soberanía de los países es una línea que debería ser muy nítida, y con esto yo creo que la verdad es que pasamos a ser parte de un club”.

Ante la presión, el Gobierno inició un apresurado control de daños. Kast insistió en que no se firmó un tratado —evitando así la aprobación del Congreso— y que solo se trata de compartir información sobre el crimen organizado. Por su parte, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, debió salir a asegurar que Chile no saldrá de las cortes internacionales ni está disponible para intervenciones militares extranjeras, intentando desmentir lo dicho por la propia autoridad estadounidense.

Las contradicciones siguieron con el ministro Claudio Alvarado, quien debió explicar el “pilar económico” de la declaración, que aborda inversiones, cadenas de suministro de minerales críticos e infraestructura militar. Alvarado negó que esto afecte los lazos con China, el principal socio comercial del país, asegurando que los intercambios “no están en juego”, pese a la hostilidad de EE.UU. hacia el gigante asiático.

El canciller Pérez Mackenna también debió aclarar la mención a los artículos 6 y 13 del TIAR para acciones contra el narcoterrorismo, generando más confusión cuando afirmó erróneamente que los artículos 6 y 3 “no tienen nada que ver con eso” y que “simplemente estamos reunidos”, para luego cerrar con una frase que dejó más dudas que certezas: “Pueden estar muy tranquilos: no hay soberanía”. De este modo, las autoridades siguen sin fijar marcos claros sobre los verdaderos alcances de pertenecer a esta organización.