EL VOTO “NO BARATO” DE KUSANOVIC TERMINA BAJO PERITAJE

A pocos días de haber entregado su voto a la megarreforma económica del Gobierno, el senador de derecha Alejandro Kusanovic aparece ahora en el centro de una investigación mucho menos favorable para su imagen política. El parlamentario que en mayo advirtió públicamente que su voto “no será barato”, que acusó deslealtades y exigió compensaciones para Magallanes, terminó respaldando las normas esenciales de una reforma que rebaja impuestos a las grandes empresas y asegura condiciones tributarias especiales para los grandes inversionistas. Su voto finalmente tuvo destino: terminó dentro de los 26 apoyos que permitieron al Gobierno aprobar en el Senado el corazón de la megarreforma.

Pero mientras el oficialismo celebraba aquel voto decisivo, la Fiscalía Regional de Magallanes ya investigaba una denuncia por presuntas devoluciones forzadas de sueldo de un antiguo funcionario parlamentario. Este viernes, la investigación dio un paso de alto impacto: con autorización judicial, la PDI ingresó a las oficinas y al domicilio del senador e incautó teléfonos celulares y computadores, tanto de Kusanovic como de su jefe de gabinete. La denuncia sostiene que un trabajador habría debido devolver mensualmente $500.000 de su remuneración y solventar gastos de la oficina parlamentaria.

El denunciante calcula las entregas en cerca de $23 millones y asegura haber aportado transferencias, depósitos y conversaciones de WhatsApp. Kusanovic debe ser considerado inocente mientras no exista una sentencia judicial. Sin embargo, políticamente la contradicción es evidente: quien proclamaba que su voto no era barato deberá explicar ahora por qué la Fiscalía investiga si parte del sueldo de un trabajador habría regresado, presuntamente, al entorno de su propia oficina.

La megarreforma aún espera superar su último escollo legislativo. Mientras tanto, uno de los votos que ayudó a sostenerla quedó rodeado de computadores incautados, teléfonos bajo peritaje y preguntas que ya no pueden responderse con negociaciones políticas. El senador puso precio político a su voto.

Ahora será la justicia la que deberá determinar si en su oficina también existieron otras cuotas. Nota: La existencia de diligencias e incautaciones no acredita responsabilidad penal. Los hechos denunciados están siendo investigados y pueden ser descartados por el Ministerio Público o los tribunales.