El oficialismo se divide sobre el futuro de Rabat tras la polémica rebaja de penas

La reunión de esta mañana en La Moneda entre el presidente José Antonio Kast y los timoneles oficialistas no solo buscó reafirmar el apoyo al ministro de Justicia Fernando Rabat, sino también responder a una crisis que ya divide al gobierno. La polémica se generó por la rebaja de condenas a 56 personas condenadas por delitos sexuales contra menores, un tema que ha sido usado por la oposición para exigir la renuncia de Rabat y analizar una acusación constitucional. Aunque el Ejecutivo anunció la suspensión temporal de nuevos decretos de rebaja de penas y la urgencia a proyectos de ley para evitar beneficios penitenciarios a agresores sexuales, desde el sector oficialismo se reconoce que la reacción no fue la más rápida ni coherente. Críticos señalan que el gobierno tardó en actuar, incluso cuando se trata de un tema de alta relevancia social. La defensa de Rabat por parte de líderes como Arturo Squella y Guillermo Ramírez se basa en que el ministro actuó conforme a la ley, pero esto no impide cuestionar la falta de proactividad del gobierno en regularizar una normativa que permitió estas rebajas. Además, se ha destacado la contradicción de suspender ahora la tramitación de decretos cuando antes no se actuó con la misma celeridad, lo que ha generado dudas sobre la verdadera intención del oficialismo. Según lo informado por The Clinic, el vocero Gonzalo Arenas exhibió decretos del gobierno anterior para justificar la legalidad de las acciones, pero esto no evita que el gobierno de turno no haya anticipado una reforma legal con mayor antelación. La crisis también pone en evidencia la falta de experiencia política de Rabat, según reconocen algunos sectores del oficialismo, lo que podría tener implicaciones en su gestión en un contexto de alta polarización.