EE.UU. castiga al fiscal boliviano que investiga a Cerimedo y abre nuevas dudas sobre el Escudo de las Américas

Estados Unidos revocó la visa del fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, y lo acusó de corrupción. La medida, anunciada por el Departamento de Estado, se basa en “información creíble” sobre presuntos sobornos para facilitar actividades de narcotráfico y permitir que delincuentes eludieran la justicia. No es una condena judicial, sino una sanción migratoria que impide su ingreso a territorio estadounidense. Mariaca rechazó las acusaciones, las calificó como presión política y aseguró que continuará con las investigaciones a su cargo, según lo informado por AP News.

El dato políticamente delicado es que Mariaca encabeza el Ministerio Público boliviano que mantiene abiertas varias investigaciones contra el asesor argentino Fernando Cerimedo, un operador vinculado a redes de la derecha latinoamericana y a círculos cercanos al trumpismo. El 27 de agosto, el propio Mariaca informó de tres causas contra Cerimedo: presunto intento de feminicidio, violencia familiar y enriquecimiento ilícito. Días después, la investigación por enriquecimiento ilícito se amplió a usurpación de funciones y legitimación de ganancias ilícitas. Cerimedo fue enviado a prisión preventiva por seis meses en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, según unitel.bo.

Cerimedo ha rechazado las acusaciones y sus abogados denuncian motivaciones políticas. Una investigación de The Washington Post lo situó como una figura que ha intentado proyectar estrategias de tipo MAGA en América Latina. No existe evidencia pública de que la sanción a Mariaca esté relacionada con las investigaciones contra Cerimedo, pero la secuencia —el fiscal que investiga a un operador cercano al trumpismo es acusado de corrupción y pierde la visa— plantea interrogantes sobre el alcance político del Escudo de las Américas.

La revocación de visas alcanzó a 27 funcionarios, exfuncionarios y familiares de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. El gobierno de Donald Trump presentó estas restricciones dentro de su nueva política regional asociada al Escudo de las Américas, iniciativa para coordinar acciones contra narcotráfico, crimen organizado y corrupción. En Chile, la discusión sobre el Escudo se había centrado en si era un acuerdo vinculante o una declaración política. Este lunes, durante su interpelación en la Cámara de Diputados, el canciller Francisco Pérez Mackenna insistió en que Chile no firmó un tratado y que el Escudo no es jurídicamente vinculante, y afirmó que “ningún embajador extranjero define lo que hace este país”, según El País.

El caso Mariaca añade una dimensión concreta: Estados Unidos posee instrumentos unilaterales —visas, sanciones financieras, cooperación policial, inteligencia— que puede usar contra personas o instituciones de la región sin obligaciones jurídicas automáticas para Chile. La incorporación de Chile al Escudo ha generado resistencia política y llegó a la Contraloría; el Senado convocó una sesión especial para el 7 de octubre para analizar sus implicancias, según se mencionó en Biodiversidad en América Latina.

El episodio boliviano podría convertirse en un antecedente para ese debate. Si Washington utiliza sistemáticamente restricciones migratorias contra fiscales, jueces o funcionarios latinoamericanos bajo el paraguas del Escudo, la cuestión deja de ser solo cooperación contra el narcotráfico y pasa a involucrar quién determina qué funcionarios son confiables, corruptos o funcionales al crimen organizado, y bajo qué mecanismos de verificación. Que uno de los primeros fiscales alcanzados sea quien investiga a Cerimedo exige transparencia, según se mencionó en AP News.