Costo fiscal del acuerdo con camioneros llega a US$ 900 millones y Hacienda no detalla impacto en regiones como Aysén

El subsecretario de Hacienda, Sebastián Vallebona, aclaró el costo fiscal total que tendrá el paquete de medidas ofrecidas por La Moneda para poner fin al paro de los diversos gremios de camioneros. En entrevista con CNN Chile, la autoridad sostuvo que el gasto para el fisco “llegaría alrededor de los US$ 900 millones” por el “total de todo el paquete, tanto por este año como por el próximo”, de acuerdo con lo informado por CNN Chile.

La cifra no es menor para las cuentas públicas: se trata de recursos que salen del erario en un período que combina el año en curso y el siguiente, en un contexto de demandas gremiales y presión sobre el gasto estatal. El subsecretario no entregó en la entrevista un desglose por región ni por sector, por lo que no es posible saber cuánto de ese monto llegaría a territorios como Aysén.

Vallebona precisó el alcance temporal del acuerdo: “O sea, todo lo que está enmarcado dentro del proyecto en tanto las medidas que son hasta marzo, por ejemplo, y otras que son hasta diciembre de 2027”, explicó la autoridad. Es decir, el paquete combina medidas de corto plazo con otras que se extienden por varios años, lo que implica compromisos fiscales que superan el actual ejercicio presupuestario.

Para una región como Aysén, donde el transporte de carga es clave para abastecer comunas y conectar con los mercados, el costo fiscal del acuerdo se traduce en una pregunta abierta: qué parte de esos US$ 900 millones se traducirá en mejores condiciones para el sector en territorios extremos y cómo se financiará. El texto original no detalla asignaciones territoriales ni criterios de distribución, por lo que no es posible afirmar montos para la zona.

El anuncio también deja pendiente el detalle de las medidas que componen el paquete y su financiamiento específico. Hacienda cifró el total, pero no desglosó partidas ni plazos por medida, más allá de mencionar que algunas rigen hasta marzo y otras hasta diciembre de 2027. Esa falta de desagregación impide evaluar el impacto concreto en el empleo, los precios o la inversión regional, según se mencionó en El Dínamo.

Lo que queda por resolver es cómo se implementará el acuerdo, qué partidas lo componen y de qué manera se rendirá cuenta de un gasto que, según la propia autoridad, ronda los US$ 900 millones entre este año y el próximo. Por ahora, la información disponible se limita a la cifra global y a los plazos generales entregados por el subsecretario de Hacienda en entrevista con CNN Chile.