Desafuero al senador Miguel Ángel Calisto por contratación de parientes y presunto intento de soborno
La Corte de Apelaciones de Puerto Montt decidió desafuear al senador Miguel Ángel Calisto tras declaraciones de testigos que revelaron la contratación de parientes en el Servicio de Salud de Aysén y la búsqueda de ‘palos blancos’ para pagar cuotas parlamentarias.

La Corte de Apelaciones de Puerto Montt desaforó al senador independiente Miguel Ángel Calisto, exdiputado del Partido Demócrata Cristiano, luego de escuchar declaraciones de testigos que investigaban presuntas irregularidades en su gestión parlamentaria. El fallo, divulgado el 12 de octubre de 2026, se basó en la contratación de parientes del entonces diputado en el Servicio de Salud de Aysén y la presunta búsqueda de ‘palos blancos’ para pagar cuotas de un auto con fondos del Congreso, según constó en el expediente. Un exhombre de confianza del senador declaró en abril de 2026 que ‘el dinero quedaba en beneficio del propio parlamentario’, una versión respaldada por testigos de la fiscalía que presentaron relatos contradictorios con la postura de Calisto. La decisión judicial puso en evidencia la brecha entre las acusaciones presentadas por la Fiscalía y la defensa del parlamentario, quien ahora anunció su recurso ante la Corte Suprema. Los hechos, según el expediente, incluyen la contratación de familiares en el Servicio de Salud de Aysén y el intento de obtener recursos extraordinarios mediante presuntos sobrecargas o tráfico de influencias, prácticas que la Contraloría y la Fiscalía investigaron desde 2025. La Corte consideró que las declaraciones de los testigos, combinadas con la conducta atribuida al senador, eran suficientes para remover su fuero parlamentario, mecanismo que permite juicios penales incluso cuando el imputado ocupa un cargo legislativo. Calisto, quien se encuentra integrante del comité parlamentario de Evópoli, señaló en su versión que las acusaciones son ‘inventadas por enemigos políticos’ y que su gestión siempre estuvo ‘en cumplimiento de la legalidad’, aunque no presentó pruebas concretas para respaldar su defensa. El caso, que se jugará en la Corte Suprema, resalta la complejidad de los casos que involucran a parlamentarios y la necesidad de esclarecer prácticas que podrían vulnerar la transparencia en la función pública.
Foto: Miguel Ángel Calisto Águila — Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, CC BY-SA 3.0 CL (Wikimedia Commons).
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