Denuncian abusos y falta de servicios en hogar de adultos mayores de Coyhaique: Contraloría interviene el recinto

Un equipo de la Contraloría Regional de Aysén, liderado por Ricardo Hevia, arribó al Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM) Eliana Contreras Monje en Coyhaique para fiscalizar las condiciones del recinto. La intervención, según lo publicado por Diario Regional Aysén, responde a graves denuncias formuladas el lunes por los diputados Alejandra Valdebenito y René Alinco, quienes alertaron sobre una crítica situación que vulnera los derechos de los residentes.

En la Región de Aysén, donde el acceso a servicios dignos para los adultos mayores es una deuda constante, la situación de este hogar público pone en evidencia el abandono estatal. Los parlamentarios señalaron la existencia de falta de servicios básicos, deficiencias de seguridad y la eventual ocurrencia de delitos al interior del lugar, incluyendo presuntos abusos sexuales. Esto no solo atenta contra la integridad de los residentes, sino que deja en entredicho la capacidad del Estado para proteger a los más vulnerables en nuestro territorio.

Durante la jornada, el organismo fiscalizador revisó la infraestructura, los baños, las habitaciones y los espacios comunes del recinto para constatar la calidad del servicio y verificar las irregularidades. El centro, que pertenece a la Red Pública y al Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, dispone de capacidad para 70 residentes con dependencia moderada a severa, quienes requieren atención constante y condiciones óptimas que, según las denuncias, no se estarían cumpliendo.

La Contraloría no solo se limitó a la revisión física, sino que requirió información adicional a los servicios públicos que intervienen en el funcionamiento, administración, financiamiento y supervisión del establecimiento. Entre los organismos bajo la lupa se encuentran la Secretaría Regional Ministerial de Salud, el Gobierno Regional y la Municipalidad de Coyhaique, entidades que tienen la responsabilidad directa de garantizar que este tipo de recintos operen con la dignidad y seguridad que exige la ley.

Ahora, la información recopilada será analizada para evaluar la pertinencia de los hechos, determinar el cumplimiento normativo y establecer posibles acciones correctivas. Sin embargo, mientras se esperan los resultados, la incertidumbre persiste: ¿qué pasó con la supervisión previa de estos organismos? ¿Cómo se permitió que 70 personas en estado de dependencia vivieran en condiciones que, de confirmarse las denuncias, serían inhumanas? La fiscalización es un primer paso urgente, pero la deuda con los adultos mayores de Coyhaique sigue pendiente.