Bolivia: Gobierno se niega a dar marcha atrás en la eliminación del subsidio al diésel pese al rechazo popular

Pese a las protestas y amenazas de movilizaciones, el Gobierno de Bolivia descartó retroceder en la eliminación de la subvención al diésel. El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, justificó la decisión argumentando que responde a la necesidad de ordenar las finanzas públicas, garantizar el abastecimiento y reducir el contrabando.

“No retrocederemos, porque es una medida que es un acto de responsabilidad social, un acto de responsabilidad con la estabilización económica”, afirmó Aramayo en declaraciones a Red Uno. Aseguró que el Ejecutivo mantiene la puerta abierta para dialogar con los sectores preocupados, aunque advirtió que el tratamiento del grado de afectación debe considerarse particularmente con cada sector y territorio.

En cuanto al impacto en el transporte público, el ministro sostuvo que no todos los vehículos dependen exclusivamente del diésel. Según los datos de la autoridad, de aproximadamente 129.000 vehículos de servicio público, solo 39.880 utilizan diésel de forma exclusiva, mientras una parte importante puede operar con gasolina o GNV. Bajo esta lógica, consideró que no corresponde un incremento generalizado en todas las tarifas.

Ante posibles abusos, Aramayo señaló que las autoridades del Gobierno y de las alcaldías deberán coordinar acciones frente a casos de especulación o aumentos abusivos. Además, defendió la medida asegurando que aproximadamente 1,5 millones de litros de diésel eran destinados al contrabando u otras actividades ilegales, y destacó que las filas en las estaciones de servicio disminuyeron considerablemente tras el anuncio.

Respecto a una eventual eliminación de los subsidios a la gasolina y el GLP, el ministro indicó que aún no se ha tomado ninguna determinación al respecto. Sin embargo, la eliminación de la subvención al diésel ya provocó la reacción de varios sectores sociales, principalmente el transporte, que este martes definirá las acciones de protesta contra la decisión.

De acuerdo con lo informado por La Razón, la medida ha generado un fuerte rechazo popular, evidenciando la tensión entre las políticas de ajuste fiscal y el impacto directo en el costo de vida de los sectores más vulnerables.