Amigos y enemigos: el peligro de condicionar la información pública al poder

La información que produce el Estado no le pertenece al gobierno de turno, sino al ámbito público. Cuando el poder comienza a seleccionar políticamente quién puede acceder a él basado en la amistad o la empatía, el problema deja de ser periodístico y afecta severamente el circuito mediante el cual la democracia se vigila a sí misma a través de la prensa.

Este es uno de los mayores riesgos de iniciativas como la de establecer nuevos lineamientos con la prensa en el gobierno de Abelardo de la Espriella (Adle). Entre otras medidas, se propone restringir el acceso a medios no afines al evitar dar ruedas de prensa o entrevistas a quienes no sean considerados “amigos”, salvo previa autorización de la Presidencia. También se plantea centralizar la vocería, pues los ministros solo podrán emitir declaraciones puntuales preparadas previamente y no se les permitirá responder preguntas ni contrapreguntas.

Para algunos resulta legítimo que un gobierno defina quiénes son sus voceros, establezca canales oficiales y coordine mensajes. Pero hay un punto de quiebre cuando el criterio para conceder el acceso deja de ser temático, institucional o logístico, y pasa a ser la afinidad política o editorial del medio. Aquí ya no se trata de gestión comunicativa, sino de una gestión política del acceso a la fuente pública.

Abrir la puerta a un trato preferencial por afinidad clasifica a los medios entre “amigos” y “enemigos”, replicando una táctica global para centralizar la narrativa oficial. Dos ejemplos ilustran esto: Donald Trump, que institucionalizó el ataque a la prensa crítica, popularizó el término “Fake News” para descalificar investigaciones incómodas y etiquetó a CNN y The New York Times como “enemigos” del pueblo, mientras daba acceso privilegiado a Fox News o Newsmax. Por su parte, la Hungría de Viktor Orbán, con 16 años en el poder, dividió el ecosistema mediático y usó la pauta publicitaria estatal de forma punitiva para financiar al conglomerado “amigo” Kesma y ahogar financieramente a los medios independientes.

En Colombia, la falta de una definición pública de qué es un medio “amigo” abre paso a la arbitrariedad. Reducir la comunicación con los medios no viola por sí sola la Ley 1712 de 2014, pues hay una diferencia entre el acceso a documentos y el acceso a entrevistas. El problema surge si esa restricción limita de forma arbitraria la información pública que llega al ciudadano. A esto se suma la vulnerabilidad del ecosistema mediático colombiano, mucho más sensible a las relaciones de poder político y económico, donde se ha normalizado la idea de que el acceso periodístico depende de la cercanía con el poder. Lo que cambia ahora es que esa práctica busca convertirse en política institucional explícita.

Un gobierno no puede confundir su estrategia de comunicación con el derecho ciudadano a vigilar la información pública, menos aún cuando el acceso depende de la empatía. El periodismo profesional tiene el deber moral de buscar la información pública, verificar la verdad y contrastar fuentes para convertirla en información con valor social. Solo basta recordar la sentencia de James Madison en 1822: “Un gobierno popular sin información popular, o sin los medios para adquirirla, no es más que el prólogo de una farsa o una tragedia; o quizá de ambas”.

Con información de: La Silla Vacía (Colombia).