PALENA: LOS DERECHOS SOCIALES NO SON UN PREMIO AL SILENCIO
Delegado Cifuentes: las mujeres de Palena no le deben silencio a ninguna autoridad. La advertencia que se le atribuye exige explicaciones: condicionar beneficios al silencio sería un abuso de poder. Reclamar es un derecho; administrar el Estado no entrega permiso para castigar a quien incomoda.

«Si tienes usuarias que forman revuelo, esas van a ser las usuarias que no van a recibir beneficios».
Esta es la frase que Radio La Isla atribuye al delegado presidencial de Palena, Marcelo Cifuentes, en un audio que, según el medio, fue incorporado a la demanda de una extrabajadora del Programa Mujeres Jefas de Hogar.
Una advertencia que exige explicaciones: ¿desde cuándo reclamar puede convertirse en motivo para perder el apoyo del Estado?
La controversia surge tras el cierre de la Casa de las Mujeres de Chaitén y la desvinculación de la profesional que acompañaba a sus usuarias.
Según la transcripción publicada, el delegado consideró que el conflicto se había politizado y relacionó el término del contrato con evitar nuevas controversias.
Pero “se politizó” no es una explicación que permita convertir la opinión ciudadana en una falta. Trabajar a honorarios tampoco resuelve, por sí solo, la discusión sobre la legalidad de una desvinculación y sus motivos. Eso deberá determinarlo la justicia.
En Chaitén, comuna de la Región de Los Lagos estrechamente vinculada con Aysén, el aislamiento se vive en las distancias, las barcazas y las dificultades para acceder a servicios.
Para una mujer campesina o emprendedora, contar con capacitación, orientación laboral y acompañamiento puede significar una oportunidad concreta de autonomía económica.
Perder un espacio cercano y confidencial tiene consecuencias que ningún comunicado administrativo reemplaza.
Una comunidad que debió reconstruirse después de la erupción de 2008 conoce demasiado bien el valor de sus redes de apoyo.
Aunque la Delegación aseguró que el programa continuaría, queda pendiente explicar la advertencia atribuida a su máxima autoridad provincial.
Condicionar la ayuda pública al silencio sería una forma primitiva y autoritaria de ejercer el poder.
Las mujeres no pierden su ciudadanía cuando reciben apoyo del Estado. Pueden reclamar, organizarse y opinar políticamente: los beneficios se asignan conforme a requisitos, no según la comodidad del delegado de turno.
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