Jóvenes y delito en Coyhaique: la alerta que la región no puede seguir ignorando
Un joven de 18 años hirió con un arma de fuego a otro de 19 en la discoteca Alquimia, y a eso se suman decomisos de drogas con involucrados de entre 18 y 22 años.

Los hechos recientes en Coyhaique obligan a mirar más allá de lo ocurrido en la discoteca Alquimia, donde un joven de 18 años hirió con un arma de fuego a otro de 19. A ese episodio se suman procedimientos policiales por decomisos de drogas en los que también han aparecido involucradas personas de entre 18 y 22 años, según se mencionó en El Divisadero. La edad de algunos imputados plantea preguntas que la región debe hacerse.
La preocupación no está solo en la edad, sino en la rapidez con que algunos se vinculan a circuitos delictuales de alta gravedad. ¿Qué está ocurriendo con jóvenes que recién comienzan su vida adulta y aparecen vinculados a hechos de alta gravedad? No corresponde convertir estos casos en una etiqueta para toda una generación, pero la sucesión de episodios obliga a mirar más allá de la respuesta policial y preguntarse qué está haciendo el Estado para prevenir que más jóvenes encuentren en el delito una alternativa.
El desempleo y la informalidad laboral golpean a quienes buscan sus primeras oportunidades. A ello se agregan las dificultades para continuar estudios, ya sea por razones económicas, por las distancias o por la falta de alternativas compatibles con la realidad de cada familia. En Aysén existen un CFT estatal y una universidad estatal, pero es necesario preguntarse por qué muchos jóvenes no acceden a la educación superior y qué barreras existen.
También preocupa la situación de la institucionalidad destinada a trabajar con este segmento de la población. Transcurridos ocho meses de Gobierno, todavía hay incertidumbre sobre el futuro del Instituto Nacional de la Juventud en la región. Se necesitan políticas sostenidas, presencia en los territorios y programas que conecten a los jóvenes con la educación, el empleo y la cultura.
Nada de esto justifica la comisión de delitos ni permite establecer una relación automática entre falta de oportunidades y delincuencia. Sí obliga a reconocer que la prevención requiere algo más que perseguir a quienes ya han cruzado esa línea. Si hay jóvenes que no estudian, no trabajan o no encuentran un horizonte, las instituciones deben saber quiénes son, qué obstáculos enfrentan y qué respuestas pueden ofrecer. Hace falta saber qué programas existen, a cuántos jóvenes llegan y si hay coordinación entre educación, municipios y servicios públicos. Sin esa información, es difícil medir la respuesta y corregir lo que no está funcionando.
No podemos estigmatizar a una generación, pero tampoco mirar hacia otro lado. Las señales están sobre la mesa y las autoridades deben hacerse cargo: ofrecer oportunidades concretas, fortalecer la educación y el acceso al trabajo, y explicar qué estrategia existe para acompañar a quienes quedan al margen. La juventud no puede aparecer en la agenda pública solo cuando protagoniza una noticia policial.
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