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La ley sola en la intemperie: el colapso de los cementerios rurales de Coyhaique

Un recorrido por Villa Ortega y Villa Ñirehuao expone la brecha entre la norma estatal y lo que las comunidades pueden sostener.

Víctor Reyes2 min de lectura
La ley sola en la intemperie: el colapso de los cementerios rurales de Coyhaique

El Cementerio Municipal de Coyhaique vive una tensión visible entre lo que la regulación del Estado espera de un recinto funerario y lo que una comunidad efectivamente puede sostener. Así lo plantea el texto «Del 4 al Cap. 5 — La ley en la intemperie», difundido por El Divisadero, que describe un recinto con reglamentos, tarifas, licitaciones, sectores numerados, funcionarios, registros y estadísticas de inhumación donde, pese a todo, «el desarreglo se instala como forma».

La dimensión del problema la resume Arturo Cárcamo en una conversación del 31 de enero de 2005: «Aquí hay más de once mil personas. Ya no caben. Cuando yo llegué, hice un catastro general para saber dónde quedaba espacio. A la Municipalidad no le gustó, porque mostraba el colapso. Pero alguien tenía que decirlo». Sobre el abandono, agrega: «La gente deja de venir. Y uno no puede obligar a nadie a recordar».

El 13 de enero de 2005, primer día de terreno hacia el norte de la comuna de Coyhaique, el cementerio de Villa Ortega apareció sin señalética, con un cerco improvisado y un grupo de tumbas reunidas al centro, todas mirando hacia el oeste. Un vecino Huichapani lo advirtió: «El lugar santo merece respeto. Aquí entran vacas, caballos… el cerco no aguanta».

En Villa Ñirehuao el cementerio está en el pueblo, entre la población y la escuela. Se contaron 166 sepulturas, muchas sin nombre, con solo piedras marcando el lugar. Pascuala Coliboro indicó que la Junta de Vecinos era la encargada.

Sobre los cementerios «particulares», la ley está sola: «No abandona, pero tampoco manda». Los cementerios vecinales y particulares de Aysén-Aisén muestran la debilidad de una estructura legal diseñada para lugares con recursos y algo de urbanización. La norma exige cierros altos, calles de acceso, identificación de sepulturas y administración formal, mientras las comunidades operan con otra lógica: la del alcance.

Por eso la pregunta clave, según el texto, no es «¿por qué no cumplen la ley?», sino «¿qué ley sería buena para este conjunto dentro de un vasto territorio?». Queda abierto el desafío de una normativa que reconozca las condiciones reales de los cementerios rurales de la Región de Aysén.

El autor anuncia que la serie continuará cada 15 días, los martes, con la Parte III — Sur: humedad, frontera, secreto, y los capítulos sobre Tortel, Villa O’Higgins, Mayer y Candelario Mancilla.

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Víctor Reyes
Redacción · 10 de noviembre de 2026 · 08:47

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