Paraguay: la caída de Peña tras el colapso de Ueno Bank deja a miles sin sus ahorros

El colapso de Ueno Bank, una de las principales entidades financieras de Paraguay, desató una crisis que terminó este viernes con la destitución del presidente Santiago Peña, investigado por sus vínculos con el grupo empresarial propietario del banco, según lo informado por El Mostrador. El caso dejó a millones de clientes sin acceso a sus ahorros y puso bajo cuestionamiento el manejo de fondos públicos y la supervisión del sistema financiero paraguayo.

Según una investigación de BBC Mundo citada por el medio, Ueno Bank experimentó un crecimiento acelerado desde su transformación en banco a fines de 2023. En septiembre de 2026 afirmaba contar con más de tres millones de clientes, en un país de aproximadamente 6,5 millones de habitantes. Sin embargo, esta semana el Banco Central del Paraguay ordenó su disolución tras detectar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido. El cierre congeló cuentas, tarjetas y transferencias, provocando protestas de ahorristas.

Entre los afectados figuran unos 32 mil jubilados que recibían sus pensiones a través de la institución. Además, Ueno administraba alrededor de US$ 850 millones en fondos públicos, incluidos recursos destinados a pensiones y prestaciones sociales. La magnitud de esos recursos bajo una sola entidad es el punto que los acusadores de Peña subrayaron: sostuvieron que la concentración de recursos públicos respondió a decisiones destinadas a favorecer a la entidad.

Uno de los principales cuestionamientos apunta a las relaciones entre Ueno Bank, el Gobierno de Peña y el organismo encargado de supervisarlo. El exmandatario fue accionista de Ueno Holding, conglomerado vinculado al Grupo Vázquez, controlador de la entidad financiera. El expresidente, hoy en arresto domiciliario, aseguró en abril de 2025 que había abandonado su participación empresarial y negó mantener vínculos directos con el banco. Sin embargo, los legisladores que impulsaron su destitución sostuvieron que existían conflictos de intereses y posibles intervenciones para favorecer a la institución.

Otro punto de controversia fue el nombramiento de Carlos Carvallo como presidente del Banco Central en agosto de 2023. Antes de asumir esa responsabilidad, Carvallo había presidido Financiera Ueno, antecesora del banco intervenido. Su designación fue cuestionada por el eventual conflicto entre su trayectoria empresarial y sus responsabilidades regulatorias. El economista Orkun Saka, investigador de City St George’s, University of London, advirtió a BBC Mundo que el problema excede la gestión de una institución financiera: la concentración de depósitos privados y recursos públicos, sumada a los vínculos entre las autoridades y los propietarios del banco, plantea interrogantes sobre la independencia de la supervisión financiera.

La controversia también involucra al Instituto de Previsión Social (IPS), que mantenía inversiones millonarias en Ueno. El caso provocó una ruptura política entre Peña y el expresidente Horacio Cartes, líder del Partido Colorado, quien respaldó públicamente el juicio político. El jueves, el mandatario intentó renunciar, pero el Congreso no resolvió su dimisión por falta de quorum. Finalmente, este viernes el Senado aprobó su destitución con los votos de los 44 legisladores presentes, declarándolo culpable de mal desempeño de funciones. La decisión le impidió acceder a la condición de senador vitalicio y a los fueros asociados a ese cargo. Tras su salida del poder, Peña quedó bajo arresto domiciliario en el marco de una investigación penal por sospechas de abuso de confianza, y el vicepresidente Pedro Alliana asumió la presidencia para completar el mandato hasta agosto de 2028.

La crisis continúa abierta en el frente financiero. Aunque las autoridades iniciaron la devolución de depósitos y sostienen que el sistema bancario permanece estable, miles de afectados esperan recuperar sus recursos. La investigación penal alcanza a ejecutivos y personas vinculadas al banco, mientras la justicia deberá determinar las eventuales responsabilidades individuales. Queda sin resolver lo más concreto para los afectados: cuándo y cómo recuperan sus ahorros y sus pensiones quienes dependían de la entidad intervenida.