Aysén lidera a nivel nacional los inmuebles fiscales sin destinación: 488 propiedades avaluadas en más de $16.618 millones

Aysén encabeza el ranking nacional de inmuebles fiscales sin destinación vigente. Son 488 propiedades contabilizadas en esa condición, con un avalúo superior a los $16.618 millones, según los antecedentes publicados por la Contraloría General de la República y recogidos en el texto original. A ello se suman otros 377 inmuebles con destinación vigente que no fueron incorporados contablemente por los servicios públicos beneficiarios. Dos situaciones que, en la práctica, dejan en entredicho los mecanismos de control, actualización de registros y seguimiento de los bienes del Estado en la región.

Consultada por estos resultados, la seremi de Bienes Nacionales de Aysén, Geoconda Navarrete, dijo que hasta el jueves el ministerio todavía no había recibido el informe completo de Contraloría, por lo que no contaba con el detalle de los inmuebles observados. «Nosotros como ministerio aún no hemos recibido este informe completo para poder entrar a ver el detalle, ya de cuál es el periodo y las indicaciones o las medidas correctivas que nos pide Contraloría», explicó la autoridad, quien sostuvo que la cifra publicada podría incluir propiedades cuyos procesos de regularización ya avanzaron.

El punto más crítico lo reconoció la propia seremi: la capacidad operativa para fiscalizar. «Yo tengo dos fiscalizadores para toda la región», afirmó Navarrete, y precisó que esos funcionarios además cumplen otras funciones técnicas. «Es prácticamente el 50% de la región que tenemos que ver nosotros», agregó. A las dificultades geográficas y de acceso se suma la falta de recursos para trasladarse: «Hay veces que hay que ir a fiscalizar a caballo, hay que ir en bote, entonces son platas adicionales que tenemos que pedir al nivel central, pero nosotros no tenemos para eso».

A esto se agregan más de 300 expedientes de rezago de personas que iniciaron trámites y quedaron paralizados, y terrenos fiscales entregados a organizaciones que, después de uno o dos años, todavía no han iniciado las actividades que justificaron su asignación. «Tenemos acá entregas de inmuebles fiscales que se han hecho en Coyhaique o en otras localidades de la región que llevan un año o dos años y todavía no hacen operar nada ahí. Entonces eso quiere decir que la urgencia que la pidieron no era tal», sostuvo la seremi, quien recordó que la institución puede dejar sin efecto esas asignaciones.

Como antecedente de avance, Navarrete mencionó que durante este año se regularizaron 15 inmuebles y que otras 18 concesiones están preparadas para continuar su tramitación ante el Consejo Regional. También defendió la existencia de un catastro de propiedad fiscal y destacó que muchos de estos inmuebles son terrenos donde funcionan sedes comunitarias, clubes deportivos y organizaciones sociales, según se mencionó en El Divisadero.

La autoridad se mostró dispuesta a transparentar los resultados una vez conocido el detalle de los inmuebles observados. «Por supuesto que sí, yo creo que lo mejor es eso», respondió. Mientras se espera ese informe, quedan pendientes tres tareas concretas para la región: determinar la situación efectiva de los 488 inmuebles sin destinación vigente, aclarar las diferencias contables de otros 377 bienes y fortalecer la capacidad de fiscalización para que el patrimonio fiscal cumpla una función concreta en beneficio de las comunidades de Aysén, de acuerdo con lo informado en el texto original.