Mentiras y sospechas del criterio Rabat: al menos 56 condenados por delitos sexuales contra menores quedaron libres sin sentencia judicial

Al menos 56 personas condenadas por delitos sexuales contra menores recibieron rebajas administrativas sin que existiera una sentencia judicial que obligara al Ministerio de Justicia a concederlas, según lo informado por El Mostrador. El daño humano, institucional y político de esa liberación es de tal magnitud, según el medio, que las explicaciones oficiales ya no parecen suficientes para la ciudadanía.

Las vocerías oficiales han sido cuestionadas y desmentidas en reiteradas ocasiones, de acuerdo con el texto. Ese escenario obliga, a juicio de distintos especialistas, a despejar una pregunta incómoda: si se trata solo de errores, falta de preparación de los equipos y un descriterio político, o si existe algo más que debe investigarse.

La confianza pública está dañada. Por eso, una de las medidas que plantean los expertos es recopilar y transparentar todos los decretos tramitados y firmados durante esta administración, no solo los relacionados con condenados por delitos sexuales contra menores, sino también los correspondientes a condenados por crímenes de lesa humanidad.

Solo con esos antecedentes sobre la mesa será posible establecer —o descartar— si detrás del denominado “criterio Rabat” existió una línea de actuación común que terminó beneficiando a personas condenadas por delitos sexuales y también a responsables de violaciones de los DDHH, según El Mostrador.

Las sospechas están instaladas. Pero si el objetivo es terminar con la desconfianza, los especialistas advierten que las respuestas no pueden limitarse a los cambios parciales anunciados hasta ahora.

Una de las reformas planteadas es crear un tribunal de ejecución de penas, con jueces especializados encargados de resolver sobre beneficios penitenciarios, retirando esas atribuciones del Ministerio de Justicia. Ese sería un cambio estructural y es ahí, sostienen, donde debería concentrarse la discusión si se busca una respuesta de fondo.

Queda pendiente la transparencia total de los decretos firmados y la discusión sobre el tribunal de ejecución de penas: hasta ahora, las respuestas oficiales no han logrado despejar las sospechas ni reparar la confianza pública dañada, de acuerdo con lo informado por El Mostrador.