Escándalo bancario en Paraguay: renuncia presidencial y millones en fondos públicos bajo sospecha

El escándalo financiero de Ueno Bank, uno de los mayores casos recientes en Paraguay, terminó con la renuncia de Santiago Peña a la presidencia el jueves 5 de noviembre de 2026, según lo informado por El Mostrador. La crisis estalló el 3 de noviembre, cuando el Banco Central inició el procedimiento de resolución del banco por graves problemas de solvencia, y millones de clientes quedaron sin acceso a sus cuentas. Para la gente común, el caso muestra cómo la caída de una entidad puede dejar ahorros y servicios atados a decisiones que se toman lejos del bolsillo ciudadano.

Ueno Bank, un banco digital del Grupo Vázquez, creció hasta tener alrededor de tres millones de clientes, una cifra enorme para la población paraguaya. El Banco Central lo intervino porque su índice de solvencia cayó por debajo del mínimo legal: no contaba con respaldo patrimonial suficiente para los riesgos asumidos. Las investigaciones apuntan a préstamos excesivos a empresas vinculadas a sus propios propietarios, posibles maniobras financieras para ocultar problemas patrimoniales y dudas sobre por qué el organismo supervisor no actuó antes pese a las advertencias.

La preocupación no es solo financiera. Ueno Bank recibió enormes depósitos de instituciones estatales, particularmente del Instituto de Previsión Social (IPS), que administra fondos jubilatorios y prestaciones sociales. Según informaciones publicadas por distintos medios, llegó a administrar entre 800 y 850 millones de dólares en fondos públicos. El problema no es solo el volumen, sino su concentración en una entidad que terminó intervenida, mientras surgieron cuestionamientos porque el IPS habría superado los límites legales de inversión y otras instituciones públicas seguían depositando recursos.

El vínculo con Peña tiene dos aristas: mantuvo una relación empresarial con el Grupo Vázquez hasta marzo de 2025, cuando ya ocupaba la presidencia, aunque negó participación directa en el banco; y en 2023 designó a Carlos Carvallo como presidente del Banco Central, quien había dirigido anteriormente la financiera Ueno, lo que generó cuestionamientos sobre conflictos de intereses y la independencia de la supervisión. Carvallo presentó su renuncia el 3 de noviembre a pedido de Peña.

En el plano judicial, la Fiscalía imputó a 27 personas, entre ellas ocho directivos de Ueno Bank y 19 vinculadas a empresas del mismo grupo, por delitos de lesión de confianza, tentativa de estafa, conducta indebida en situaciones de crisis y violación de la obligación de llevar libros de comercio. El 5 de noviembre un juez ordenó prisión preventiva para varios exdirectivos, incluido Federico Miguel Vázquez Villasanti, y arresto domiciliario para dos imputadas. En lo político, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la acusación para juicio político pese a la dimisión, y la decisión quedó en manos del Senado.

Para los ahorristas persiste la incertidumbre: los depósitos tienen una garantía legal de hasta 228,3 millones de guaraníes por depositante, unos 37.600 dólares, y una ley permite adelantar la devolución de hasta 121,76 millones de guaraníes por ahorrista, alrededor de 20.000 dólares. Sin embargo, no está claro cuándo podrán recuperar su dinero ni qué ocurrirá con los depósitos que superan el límite garantizado. La sucesión corresponde al vicepresidente Pedro Alliana y el Congreso deberá elegir un nuevo vicepresidente para completar el mandato hasta agosto de 2028. El alcance total de las consecuencias del escándalo aún está por determinarse.