Alcaldes llevan al Tribunal Constitucional el decreto que permite densificar por sobre los planes reguladores

La modificación de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), mediante el Decreto Supremo N°68 del MINVU, publicado el 02 de octubre de 2026, ha movilizado a un grupo de alcaldes y autoridades a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional, abogando por el futuro de las ciudades del país, según se mencionó en El Divisadero. El texto advierte aspectos e impactos relevantes en su aplicación que afectan directamente la vida cotidiana de los habitantes.

Uno de los puntos más preocupantes es que estas medidas vengan a situarse por sobre lo ya establecido en los Planes Reguladores, que se confeccionan pensando en la realidad de cada territorio y con arduos procesos de participación ciudadana, donde se definen las imágenes urbanas que se quieren para sus habitantes.

En ciudades intermedias o extremas como Coyhaique —donde las realidades urbanas difieren enormemente de las grandes metrópolis—, este decreto genera efectos importantes, encontrándose con las limitaciones locales de infraestructura, condicionadas a su geografía, y con la inexistencia de un sistema de transporte público robusto, lo que ha provocado un aumento significativo en el parque automotriz, es decir, con la realidad local.

Si bien el espíritu de la ley se ampara en la reactivación económica y el desincentivo del automóvil, entre otros, esto no puede ser a costa de “borrar con el codo lo que se escribió con la mano”, reduciendo las atribuciones de los planes reguladores comunales.

La consecuencia concreta es que se sobrecargan barrios que probablemente no poseen la capacidad de infraestructura urbana para recibir este aumento de densificación, e incluso se agrava lo que ya acontece en nuestra ciudad: calles aledañas colapsadas con vehículos residentes estacionados en la vía pública.

Así, se agrava un problema de congestión y capacidad vial para el cual el diseño urbano de Coyhaique, y de cualquier otra ciudad de la región, no está preparado. Queda pendiente la resolución del recurso ante el Tribunal Constitucional y la definición de cómo se compatibilizará este decreto con los planes reguladores y la realidad territorial de Aysén.