Concesiones: rebaja de tarifas sin responder cuánto vale la extensión

El sistema de concesiones ha sido una de las políticas públicas más exitosas de Chile, según se plantea en el texto original. Gracias a la colaboración público-privada, el país experimentó una transformación extraordinaria en infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria. No todos los sectores han tenido el mismo éxito, como lo demuestran las dificultades en hospitales y cárceles, pero el balance es ampliamente positivo. Precisamente por eso, el propio texto sostiene que se debe cuidar y fortalecer este modelo, exigiendo mucha más transparencia, competencia, rendición de cuentas y equidad.

Esta semana, el gobierno anunció un acuerdo con la concesionaria de Autopista Central para rebajar las tarifas un 25% en horario punta y un 10% en horario valle, a partir del 1 de enero de 2027, a cambio de extender la concesión en veinte meses. Una rebaja de tarifas siempre es bienvenida. Sin embargo, detrás del anuncio hay una decisión económica de enorme magnitud. Durante esos veinte meses, la concesionaria continuará explotando una infraestructura pública que genera ingresos de muchos miles de millones de pesos.

El texto original deja abiertas preguntas que afectan directamente el bolsillo de los usuarios: ¿cuánto vale realmente esa extensión?, ¿cuánto dejará de recaudar la empresa por la rebaja?, ¿cuál es el beneficio económico neto para los usuarios y para la concesionaria?, ¿quién evaluó las alternativas? Los contratos contemplan mecanismos de modificación y extensión de plazos. Pero que algo sea legal no significa que sea necesariamente conveniente ni que deba resolverse mediante negociaciones directas entre autoridades y empresas.

Cuando decisiones que involucran cientos de miles de millones de pesos quedan en manos de un funcionario o de un reducido grupo de autoridades, se abre un riesgo de corrupción, discrecionalidad y captura de decisiones públicas. América Latina conoce demasiado bien las consecuencias de las relaciones opacas entre grandes empresas de obras públicas y gobiernos. Quienes creen en el mercado y en la libre competencia deben ser los primeros en exigir que las concesiones y sus extensiones se sometan a procesos competitivos, con licitaciones públicas que permitan comparar ofertas, transparentar condiciones y proteger el interés general.

Las concesiones plantean también profundas inequidades en la forma en que se construyen y habitan las ciudades. En Vespucio Oriente, la presión de los vecinos de las comunas más acomodadas de Santiago consiguió que la autopista se construyera bajo tierra, preservando sus barrios, permitiendo un magnífico parque en superficie y protegiendo la plusvalía de sus propiedades. El costo de esa solución se refleja en tarifas por kilómetro que más que duplican las de Vespucio Sur. Son los usuarios quienes financian la mantención de los privilegios de quienes más tienen. Mientras tanto, en otros sectores de Santiago, las autopistas dividen barrios, levantan barreras entre vecinos y generan contaminación acústica y visual, según se mencionó en El Divisadero.

El texto original concluye que el sistema de concesiones debe someterse a consulta pública y publicar de manera accesible los ingresos, utilidades, inversiones efectivamente realizadas, rentabilidad y períodos de recuperación del capital de cada proyecto. No se trata de cuestionar que las empresas obtengan legítimas ganancias, sino de asegurar que estas respondan a condiciones competitivas y contratos que resguarden el interés público. Queda pendiente, entonces, transparentar el valor real de la extensión de Autopista Central y explicar por qué una decisión de cientos de miles de millones de pesos se resolvió por negociación directa y no por licitación.