El presupuesto 2027 de Kast: ¿cultura, ciencia o prioridades económicas?

El proyecto de Presupuesto 2027 del gobierno del Presidente Kast solicita autorización para endeudarse hasta por US$25 mil millones, un aumento significativo respecto a los US$16 mil millones de 2025 y US$17,4 mil millones autorizados para 2026, con el objetivo de cubrir déficit. Sin embargo, los recortes en sectores clave del Estado exponen una clara orientación ideológica que afecta la vida cotidiana de las comunidades. La disminución del 10,1% en Cultura y 6,4% en Ciencia y Tecnología reduce recursos para Becas Chile, equipamiento científico e inserción de investigadores, aspectos vitales para el desarrollo educativo y cultural de la Región de Aysén y el resto del país. Según el propio Presidente Kast, la investigación financiada por el Estado carece de valor si no genera resultados económicos inmediatos, una postura que menosprecia el conocimiento que no se traduce en beneficios tangibles.

Los recortes en Cultura impactan directamente en la distribución de fondos para bibliotecas (57,9%), Pase Cultural (50,8%), Fondo del Patrimonio (45,3%) y Sitios de Memoria (25,3%). Para los ciudadanos de Aysén, donde la preservación del patrimonio cultural y el acceso a bibliotecas son esenciales, estas medidas representan una reducción de servicios que han sido pilares de inclusión y educación. Además, el cierre de PRODEMU, institución que ha fortalecido durante décadas la autonomía económica y social de las mujeres, elimina un recurso crítico para combatir desigualdades en zonas rurales, como la nuestra. El financiamiento para PRODEMU se limita a marzo de 2027, dejando a cientos de mujeres sin apoyo en un contexto donde la violencia intrafamiliar persiste.

La eliminación del programa Becas TIC, conocido como “Yo elijo mi PC”, que en 2026 entregó computadores a más de 96 mil estudiantes vulnerables, priva a niños de una herramienta esencial para su educación. Un computador no es un lujo, sino una ventana al conocimiento y al mundo, equivalente a la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria de hace 100 años. Esta decisión afecta especialmente a comunidades alejadas de Aysén, donde el acceso a tecnología es un factor diferenciador en oportunidades educativas.

El caso del sargento segundo Jaime Ariel Urrea Burgos, asesinado mientras intervenía en una denuncia de violencia intrafamiliar en una zona rural, subraya la gravedad de la reducción de recursos para servicios sociales y seguridad. Carabineros había concurrido previamente al domicilio, pero la víctima no sostuvo la denuncia, lo que llevó a la retirada de los funcionarios. La falta de seguimiento a casos de violencia, agravada por el cierre de PRODEMU y la reducción de fondos sociales, deja a la sociedad más vulnerable a ciclos de abuso, según se mencionó en El Divisadero.

Mientras el gobierno prioriza el endeudamiento para cubrir déficit, la ciudadanía de Aysén y el país enfrenta recortes que impactan en cultura, educación y seguridad. La crítica, como señaló el medio Dime en qué gastas, es que estas decisiones reflejan una ideología que no contempla el valor del conocimiento, la autonomía femenina ni el acceso equitativo a servicios esenciales. La pregunta persiste: ¿qué sociedad se construye al priorizar economía sobre derechos? La respuesta, en una región donde la vida cotidiana depende de políticas públicas, es alarmante.