MENOS PROFESORES, MENOS COMPUTADORES: ¿ASÍ SE PREPARA A CHILE PARA LA ERA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL?

El propio ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reconoció que la reducción cercana al 3,6% de las horas docentes máximas de los SLEP puede traducirse en desvinculaciones. Frente a las críticas afirmó: “No confundamos el derecho a educar con la obligación de emplear”.
Estimaciones difundidas en estos días sitúan el impacto potencial en torno al equivalente de 1.800 jornadas docentes, aunque eso no significa que exista ya una cifra definitiva de 1.800 despidos sino que puede ser mayor a ese número de futuro cesantes que pasen a aumentar la estadística de cesantía en Chile solo comparable al tiempo del COVID

Pero el ajuste no llega solo. El proyecto de Presupuesto 2027 también deja sin financiamiento explícito las Becas TIC de Junaeb, continuadoras de Yo Elijo mi PC.

Durante 2026 esta política permitió entregar computadores a 96.100 estudiantes, junto con software educativo y conectividad. Si el Congreso aprueba el presupuesto tal como fue presentado, en 2027 no habría una nueva entrega bajo este programa.

El Gobierno sostiene que la reducción de horas docentes responde, entre otros factores, a la menor matrícula derivada de la caída de la natalidad, y que programas como las Becas TIC han presentado problemas de implementación y evaluaciones insuficientes respecto de sus efectos en aprendizaje. Esos argumentos forman parte de una discusión presupuestaria que todavía debe resolver el Congreso.

Sin embargo, hay una pregunta política y educativa inevitable: ¿qué ocurre con la igualdad de oportunidades cuando simultáneamente se reduce capacidad docente y se retira una herramienta pública de acceso tecnológico?

En plena expansión de la inteligencia artificial, la automatización y la economía digital, un computador ya no puede entenderse simplemente como un regalo.

Para un estudiante que no dispone de uno en su hogar puede ser su principal puerta de acceso a programación, investigación, plataformas educativas, herramientas de IA y competencias digitales que después serán exigidas en la educación superior y en el mercado laboral.

El riesgo es profundizar una brecha conocida: mientras una familia con recursos puede comprar computadores, pagar conectividad y acceder a educación privada y herramientas tecnológicas, los estudiantes dependen principalmente de la educación pública y de políticas estatales tienen menos posibilidades de compensar esas diferencias.

Ahorrar hoy en profesores y el acceso tecnológico puede significar trasladar el costo hacia el futuro.

El debate del Presupuesto 2027, por tanto, no debería reducirse a cuántos pesos se recortan, sino a qué educación necesita Chile para que el origen socioeconómico de un niño no determine también sus posibilidades de participar plenamente en la era digital y de la inteligencia artificial.