Programa CET en Aysén: capacitación laboral con fondos propios y una deuda pendiente en Coyhaique
Treinta y siete personas privadas de libertad accederán a cursos técnicos en tres unidades penitenciarias de la región, pero el centro de Coyhaique aún no tiene cursos activos y la inversión depende de la venta de productos carcelarios.

Según lo informado por El Divisadero, en los próximos días dará inicio el curso de Panadería Básica en el Centro de Detención Preventiva de Puerto Aysén, donde trece personas privadas de libertad se capacitarán dentro del Programa CET (Centro de Educación y Trabajo) de esa unidad penal.
El despliegue territorial abarcará tres espacios penitenciarios de la región: el CET Semiabierto Valle Verde ofrecerá Soldadura Básica a siete usuarios; el CET Cerrado de Chile Chico impartirá Panadería Básica para cinco personas; mientras que el CET Cerrado de Coyhaique mantiene en proceso de publicación la propuesta “Emprendimiento y Gestión de Microemprendimientos para la Reinserción Social y Laboral”, dirigida a doce usuarios.
Desde una mirada territorial, estas acciones buscan reducir los efectos del encarcelamiento en el tejido social de Aysén, fortaleciendo competencias laborales que faciliten la reinserción de las personas privadas de libertad y, según los organizadores, contribuyendo a disminuir la reincidencia delictiva en una región donde la seguridad ciudadana y la reconstrucción de vínculos familiares son demandas cotidianas de la comunidad.
La inversión proyectada supera los nueve millones de pesos, financiados íntegramente con fondos autogenerados por los propios CET mediante la venta de sus productos, lo que coloca la sostenibilidad del programa en dependencia directa del mercado de bienes producidos en el interior de las cárceles y abre interrogantes sobre la estabilidad de estas políticas.
Pese a que la normativa del Ministerio de Justicia y DDHH enmarca estas actividades como “Prestaciones de Garantía de Derechos” orientadas a ejercer derechos ciudadanos, la demora en la publicación de la propuesta para Coyhaique y la limitada cobertura de 37 usuarios en toda la región evidencian brechas de acceso que impiden que la formación laboral penitenciaria alcance a la totalidad de personas privadas de libertad que podrían beneficiarse de estas oportunidades.
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