DEL “SOLO SOMOS OBSERVADORES” A LA ADHESIÓN EN OCHO DÍAS

Y el documento conjunto conocido el mismo 22 de septiembre va todavía más lejos: habla de intercambio reforzado de inteligencia, acceso a tecnologías y capacidades de seguridad, formación de personal, coordinación económica, sanciones y acciones multilaterales contra organizaciones criminales. Por eso resulta razonable preguntar qué información chilena será compartida, quién podrá acceder a ella, bajo qué protocolos, qué costos tendrá y qué mecanismos de control existirán.

El diputado del Frente Amplio Ignacio Achurra cuestionó precisamente que una decisión de esta naturaleza no hubiese sido previamente debatida con el Congreso. Y desde el Partido de la Gente, Zandra Parisi planteó un punto similar: cooperación contra el narcotráfico, sí, pero “con las cosas claras”, preguntando incluso por eventuales tropas y costos para Chile.

La historia latinoamericana obliga, además, a mirar con atención cualquier esquema de capacitación y cooperación internacional en seguridad.

No es correcto decir que el Escudo de las Américas sea una nueva Escuela de las Américas, pero aquella experiencia histórica —un centro estadounidense donde fueron entrenados numerosos militares latinoamericanos y cuyos programas quedaron asociados a fuertes controversias de derechos humanos— explica por qué la transparencia y el control institucional no son detalles menores.

Colombia, integrante de esta nueva coordinación, demuestra además que décadas de cooperación internacional no eliminan por sí solas el problema: continúa siendo uno de los principales países de cultivo de coca monitoreados por Naciones Unidas. Eso no permite afirmar que sus fuerzas policiales, como conjunto, sean responsables del fracaso, pero sí recuerda que ninguna alianza internacional sustituye instituciones nacionales sólidas, fiscalización y control democrático.

El punto de fondo, entonces, no es solamente repetir que “no es un tratado”. La pregunta pública es otra: ¿qué comprometió exactamente Chile, qué información se compartirá, con quién, bajo qué controles y por qué el 14 de septiembre éramos observadores y apenas ocho días después aparecíamos formalmente adheridos?

Calificar este episodio como propio de una “dictadura” sería una valoración política, no un hecho demostrado.

Lo que sí está documentado es el cambio de posición del Ejecutivo y que parlamentarios de distintos sectores están exigiendo mayor información y debate sobre una decisión que involucra seguridad, inteligencia y cooperación internacional.