¿Y LA MERITOCRACIA? DEL “NO MÁS PITUTOS” A LOS JÓVENES DE CONFIANZA PAGADOS POR EL ESTADO

En 2017 incluso promovió una norma “antipitutos”, afirmando que los cargos del Estado debían entregarse por mérito y no por relaciones familiares o políticas. Su programa presidencial volvió a plantear una regulación más estricta de las contrataciones públicas y menos discrecionalidad para contratar “amigos, conocidos o familiares”.

Pero hoy, ya instalado en La Moneda, cinco contrataciones jóvenes abren una pregunta inevitable: ¿se terminó realmente la pitutocracia o simplemente cambiaron los pitutos?
SOFÍA SHEA, 24 AÑOS.
Periodista recién egresada.
Realizó su práctica profesional apenas meses antes en La 975, la agencia de Felipe Costabal. ¿Quién es Costabal?

El actual director de la SECOM y, por tanto, parte de la estructura donde posteriormente trabajaría Shea.
Además, Costabal conocía profesionalmente desde años antes al padre de Sofía, Nicolás Shea, conocido empresario y fundador de diversas iniciativas de emprendimiento. La propia investigación periodística establece que Nicolás Shea incorporó a Costabal a Start-Up Chile en 2011.
Y hay otro dato: la agencia The 975 de Costabal facturó $149 millones aproximadamente a la campaña presidencial de Kast por estrategia creativa. Sofía ingresó inicialmente con un sueldo bruto cercano a $1,4 millones y al mes siguiente ascendió a una jefatura de comunicación digital.

No estamos diciendo que exista una ilegalidad.

Estamos constatando algo políticamente relevante: padre empresario relacionado previamente con quien hoy dirige la SECOM; práctica profesional en su agencia; y luego contratación y rápido ascenso en la misma estructura pública encabezada por ese profesional.

CAMILA PÉREZ GUTIÉRREZ, 26 AÑOS.
Su trayectoria política previa está acreditada: militante de Renovación Nacional, fue vicepresidenta de la Juventud RN y candidata a concejala.
Estudió Derecho, realizó su práctica precisamente en el Servicio Nacional de Migraciones y, apenas un mes después de titularse como abogada, ingresó a ese organismo bajo el estamento denominado “experto”, con remuneración bruta mensual de $2.769.058. Migraciones está encabezado por el exdiputado RN Frank Sauerbaum.

La pregunta no es si una persona joven puede trabajar para el Estado. Naturalmente que puede. La pregunta es otra: ¿qué experiencia transforma a una profesional titulada hace apenas semanas en “experta” para efectos administrativos y remuneracionales?

TRINIDAD ZEGERS DOMÍNGUEZ, 27 AÑOS.

Se tituló de Derecho en la Universidad Católica y juró como abogada el 10 de abril de 2026.

Ese mismo mes ingresó como asesora al Ministerio de Justicia. Apenas cuatro meses después fue puesta a coordinar e impulsar la Reforma Procesal Civil, una transformación legislativa que lleva más de una década pendiente y que toca uno de los pilares centrales de nuestro sistema judicia.

El hecho político permanece: una abogada recién titulada pasó prácticamente de recibir su título profesional a asumir labores de coordinación en una de las reformas jurídicas más complejas del Estado.

CRISTÓBAL SOTO FUENTES, 19 AÑOS.

Este probablemente sea el caso más difícil de explicar bajo el discurso tradicional de la meritocracia.
Es estudiante de primer año de Periodismo de la Universidad de Los Andes y fue contratado a honorarios por el Ministerio del Interior para redes sociales y apoyo comunicacional.

El Gobierno corrigió posteriormente las cifras que originalmente aparecieron en Transparencia y sostuvo que actualmente recibe $1,5 millones mensuales.

Pero aquí también existe una trayectoria política previa: durante 2025 trabajó como community manager del entonces alcalde Felipe Alessandri (RN) y después estuvo vinculado al estamento de Mujeres UDI, desde diciembre de 2025 hasta marzo de 2026. Precisamente en marzo ingresó al Ministerio del Interior.

Aparece es una ruta política previa: RN → UDI → Ministerio del Interior, todo antes de terminar siquiera el primer año de universidad.

JOSÉ TOMÁS LIRA LARRAÍN, 27 AÑOS.
Es actualmente jefe de gabinete de la Subsecretaría de Educación Superior, cargo que ocupa oficialmente desde marzo de 2026.

Aquí sí existen antecedentes familiares y patrimoniales públicos particularmente claros.

Sus padres son Francisco Javier Lira Vergara y María Teresa Larraín Aspillaga, quienes aparecen junto a José Tomás y sus hermanos en diversas sociedades agrícolas y de inversiones. Un extracto societario consigna incluso la donación y transferencia de participaciones de los padres a sus seis hijos, entre ellos José Tomás.

Ya en 2016 José Tomás aparecía como socio —entonces representado por su padre por ser menor de edad— de Agrícola Guenechen Ltda., sociedad que en esa modificación registró un capital de aproximadamente $680 millones.

Más recientemente aparece como uno de los seis hermanos propietarios de Agrícola e Inversiones El Pazo Ltda., cuyo capital social informado supera los $119 millones.

Nada de aquello constituye por sí mismo una irregularidad: provenir de una familia con patrimonio no inhabilita a nadie para servir al Estado. Pero sí entrega contexto cuando estamos hablando de un joven abogado que llega prácticamente recién titulado a desempeñar una jefatura de gabinete en Educación Superior.

EL PROBLEMA NO ES LA JUVENTUD: ES LA DOBLE VARA

Ser joven no puede transformarse en pecado.

Tampoco tener padres empresarios, militar en un partido o haber trabajado anteriormente en una campaña.

El problema político aparece cuando quienes gobiernan llegaron al poder construyendo un discurso que denunciaba precisamente los contactos, los operadores políticos, la falta de experiencia y las contrataciones discrecionales financiadas con dinero público.
José Antonio Kast llegó a decir de funcionarios vinculados políticamente que eran operadores que “le meten la mano al bolsillo a todos los chilenos”.
Y todavía en 2025 respaldó públicamente durísimas críticas contra quienes supuestamente vivían del aparato estatal.

Entonces corresponde aplicar exactamente el mismo estándar.

Si antes era “pituto”, hoy también debe serlo cuando corresponda.

Si antes se exigía experiencia, hoy también.

Si antes se denunciaban redes políticas, hoy también deben transparentarse.

Y si se prometió meritocracia, el Gobierno tiene que explicar cuál fue el mérito objetivo utilizado para cada contratación.

Porque el Estado no pertenece ni a la izquierda ni a la derecha.

Lo financian todos los chilenos.

Y quizá la pregunta más incómoda sea justamente la más sencilla:
¿SE ACABÓ LA PITUTOCRACIA… O SOLAMENTE CAMBIÓ DE APELLIDOS?