$11,6 MILLONES, INFLUENCIAS Y NOMBRAMIENTOS: LAS PREGUNTAS QUE DEBE RESPONDER LA POLÍTICA CHILENA
Millonarios pagos a Matías Walker y presuntas gestiones en nombramientos notariales ponen bajo la lupa la probidad pública. Un caso que exige respuestas judiciales, siembra dudas sobre las designaciones y podría tener consecuencias políticas en su eventual reelección frente a Daniel Manouchehri.

$11,6 MILLONES, INFLUENCIAS Y NOMBRAMIENTOS: LAS PREGUNTAS QUE DEBE RESPONDER LA POLÍTICA CHILENA
La nueva revelación sobre el senador Matías Walker no solo abre interrogantes sobre su actuación pública. También vuelve a poner bajo escrutinio la transparencia de los nombramientos judiciales y notariales en Chile.
Una investigación publicada por Reportea el 16 de octubre de 2026 dio a conocer que Sergio Yáber, conservador de Bienes Raíces de Puente Alto suspendido de sus funciones, declaró ante la Fiscalía haber transferido $10 millones al senador Matías Walker durante 2022. Esta cantidad se suma a una transferencia bancaria de $1,6 millones realizada en 2024, previamente documentada por el mismo medio.
El antecedente adquiere especial relevancia porque, según fuentes del Ministerio de Justicia citadas por Reportea, durante 2022 Walker también habría realizado gestiones para favorecer el nombramiento de Rodrigo Ortúzar, cercano amigo de Yáber, como notario de San Miguel.
Walker ha explicado que recibió ayuda económica de Yáber debido a las dificultades familiares derivadas de la grave enfermedad de uno de sus hijos. Esa explicación debe ser considerada y contrastada con los antecedentes de la investigación.
Desde el punto de vista jurídico, existen preguntas que requieren respuestas documentadas.
¿En qué fechas exactas se realizaron las transferencias? ¿Qué gestiones efectuó el senador ante el Ministerio de Justicia? ¿Existió alguna relación entre los dineros recibidos y esas gestiones? ¿Hubo circunstancias que comprometieran sus deberes de probidad o independencia?
El Código Penal chileno, particularmente sus artículos 248 y 248 bis, contempla delitos de cohecho aplicables a determinadas conductas de funcionarios públicos. Sin embargo, su eventual configuración exige pruebas y no puede presumirse a partir de una coincidencia temporal.
La investigación debe establecer si estamos ante ayudas económicas personales legítimas o si existen antecedentes de alguna conducta jurídicamente reprochable.
Pero el problema va más allá de una eventual responsabilidad penal individual.
Las investigaciones sobre presuntas irregularidades en nombramientos, pagos y relaciones entre autoridades políticas, magistrados, notarios y conservadores extienden un preocupante manto de dudas sobre la transparencia del sistema.
Cuando surgen antecedentes de transferencias de dinero y posibles gestiones de influencia alrededor de cargos públicos, se afecta la confianza ciudadana en instituciones que deben actuar con independencia, imparcialidad y apego a la ley.
No corresponde presumir que todos los magistrados, notarios o conservadores participan de prácticas irregulares. Precisamente por eso resulta indispensable investigar y distinguir las actuaciones legítimas de aquellas que pudieran comprometer responsabilidades.
La probidad pública no consiste únicamente en evitar condenas penales. También exige prevenir conflictos de intereses y actuar con transparencia.
El artículo 8 de la Constitución impone a quienes ejercen funciones públicas el deber de respetar estrictamente ese principio. Y la responsabilidad ética de un parlamentario no desaparece simplemente porque una conducta no haya sido declarada delictiva.
¿Qué consecuencias podría tener para Matías Walker?
En el ámbito judicial, el esclarecimiento de estos antecedentes podría determinar si existe alguna responsabilidad penal o si corresponde descartar toda imputación. Cualquier eventual persecución penal debe respetar la presunción de inocencia y las garantías constitucionales.
En el ámbito ético y político, el senador enfrenta el desafío de explicar suficientemente su relación económica con Yáber y las gestiones que se le atribuyen. Una explicación documentada puede contribuir a despejar dudas; la ausencia de respuestas sobre aspectos relevantes puede mantenerlas abiertas.
Y existe también una dimensión electoral que no debe ignorarse.
Walker deberá concluir su actual mandato en 2030 y, si decide buscar l
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